En el año 2010 los controladores aéreos mantuvieron un conflicto con Aena y el Ministerio de Fomento del Gobierno de Zapatero. Desde el Ministerio dirigido por Pepe Blanco se había conseguido imponer en la opinión pública su particular relato, que dibujaba a los controladores como un grupo de privilegiados que ganaban enormes emolumentos y que chantajeaban al país con paros encubiertos y retrasos masivos.
En el origen del conflicto se encontraba la pretensión de reducir los costes laborales de Aena que favoreciera la privatización parcial que pretendía el ministerio. Finalmente, en la estratégica fecha del 3 de diciembre, viernes que daba comienzo al puente de la Constitución, el Gobierno aprueba por decreto y sin negociación alguna la ampliación de la jornada anual de los controladores. Estos se sintieron estafados y declararon de forma masiva que no se encontraban en situación psicofísica para el desempeño de su trabajo, y así lo firmaron en el correspondiente documento que, curiosamente, alguna mano siniestra había colocado en cantidad abundante en todas y cada una de las cabinas de control aeroportuarias. Los controladores mordieron el cebo y rubricaron dichos documentos, aunque, conscientes de la responsabilidad que entraña su trabajo, no abandonaron de forma efectiva sus puestos.
Ya daba igual, el Gobierno tenía los documentos firmados y la disculpa perfecta para decretar el cierre aéreo y el primer estado de alarma de la democracia. Los controladores se habían convertido en los villanos de esta historia, mientras que el Gobierno se erigía en el salvador del caos. Años más tarde, las distintas sentencias judiciales absolvieron de toda responsabilidad a los controladores, aunque esto ya apenas lo recordará nadie.
Este episodio de nuestra historia reciente se relata de forma magistral en el documental dirigido por la periodista Mamen Mendizábal ‘Anatomía de…: un caos aéreo’.
En los últimos meses los médicos españoles mantienen un pulso abierto con el Ministerio de Sanidad. La causa que origina esta confrontación es la negociación de un nuevo Estatuto Marco, ley que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). El Ministerio trata de imponer una norma común para todos los estamentos del SNS, tanto sanitarios como administrativos y de gestión, mediante una negociación conjunta en un totum revolutum en la que los médicos se encuentran claramente infrarrepresentados. Por su parte los médicos pretenden tener su propio estatuto específico, negociado por sus sindicatos, dadas las condiciones peculiares de su trabajo que poco tienen que ver con las de otros profesionales del sistema. Pero en el Ministerio no parece haber un ánimo de negociación real y los médicos han planteado diferentes movilizaciones, la más próxima una huelga de cuatro días convocada para la próxima semana.
El médico es el único profesional al que, a la jornada laboral normal de cualquier trabajador, se le añaden horas extraordinarias que tiene que realizar de forma obligatoria; horas extra que, además, no tienen repercusión en cuanto a cotización para su jubilación. Por otro lado, sin menoscabo de la importante función que realizan otros estamentos sanitarios, es innegable el especial nivel de cualificación y responsabilidad de los médicos, que la actual reforma estatutaria trata minimizar estableciendo una única categoría de ‘graduados sanitarios’. Estos son sólo dos de los principales puntos en los que existe desacuerdo, a los que se suman otros muchos como la movilidad forzosa, el régimen de incompatibilidades, etc.
Durante este último año de supuesta negociación, la ministra Mónica García, en diferentes ocasiones, ha ido lanzando insinuaciones con el claro objeto de desacreditar a la profesión médica de cara a la opinión pública. Con declaraciones en las que se insinuaba que los médicos ganan tanto como un ministro y que algunos se embolsan cantidades obscenas, o afirmaciones en las que sugería que los médicos no querían atender las urgencias, la ministra ha intentado generar un clima de animadversión hacia la clase médica.
Las analogías entre los dos casos reseñados son patentes. En ambos existe un conflicto laboral entre un ministerio y un colectivo altamente cualificado. En los dos el ministro responsable trata de imponer su relato con el fin de enfrentar a los profesionales con la opinión pública, transmitiendo la idea de que se trata de un colectivo de trabajadores privilegiados que conforman una casta que se cree con derecho a todo. En ambos el ministerio impone sus condiciones sin prestarse a la más mínima negociación. Y para colmo, una huelga planteada otra vez en torno al puente de diciembre, justo cuando los profesionales son más necesarios: los controladores lo eran por la densidad de tráfico aéreo de esos días y los médicos lo serán ante el previsible adelanto del pico epidémico de gripe. Pero la ministra se niega a negociar.
Cuando se repiten los mismos ingredientes, cocinados en parecida olla, el resultado suele ser un guiso semejante. Mucho me temo que, si nadie lo remedia, y la pelota está en el alero del tejado ministerial, Mamen Mendizábal pronto podrá realizar un nuevo ‘Anatomía de…’, pero esta vez el caos será sanitario.
Luis A. Marcos Martínez es médico especialista en Medicina Interna