El impulso definitivo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el campo español ha sido traicionado de nuevo, y esta vez en plena campaña electoral para gobernar la comunidad a la que se ha llamado el granero de España. Y en esta operación, tanto el PP como el PSOE han demostrado que, cuando se trata de grandes equilibrios geopolíticos y compromisos en Bruselas, la agricultura nacional les importa un pimiento.
Durante años, ambos partidos se han llenado la boca de apelaciones a la «España rural», a la «soberanía alimentaria» y al «orgullo de nuestros productores». Sin embargo, a la hora de la verdad, han respaldado –con matices retóricos, pero sin una oposición real y efectiva– un acuerdo que abre la puerta a importaciones masivas de productos agrícolas procedentes de países con estándares fitosanitarios, laborales y medioambientales mucho menos exigentes que los que soportan nuestros agricultores.
El resultado es una competencia profundamente desigual. Mientras el productor español cumple estrictas normativas sobre uso de fitosanitarios, bienestar animal o reducción de emisiones, competidores de Brasil o Argentina podrán colocar carne, azúcar o cereal a precios más bajos porque juegan con reglas distintas. No es libre comercio; es jugar con los dados cargados.
PP y PSOE alegan que el acuerdo beneficia a otros sectores estratégicos, como la automoción o los servicios, y que España no puede quedar al margen de los grandes tratados comerciales. Pero esa visión utilitarista sacrifica a miles de explotaciones familiares que ya operan con márgenes mínimos.
La consecuencia no es solo económica. Cada explotación que cierra es empleo que desaparece, población que abandona el territorio y dependencia alimentaria que aumenta. La postura de Vox a este respecto no es proteccionismo trasnochado; es entender que la producción de alimentos es un pilar estratégico.
Si de verdad PP y PSOE creen en la España rural que invocan en campaña, deberían haber condicionado el acuerdo a cláusulas espejo estrictas y mecanismos de salvaguarda automáticos. No lo hicieron. Y esa omisión, en política, sólo puede llamarse traición.
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