No es verdad, por supuesto. Ni las cifras de bienes protegidos o registrados (Castilla y León ocupa un modesto octavo lugar, con menos de 5% del total) ni el burdo argumento geográfico (no es la mitad de España…) avalan tales afirmaciones. Nada las acredita, pero ahí siguen, en la soflama política, como un escollo insalvable que todo lo justifica. Porque precisamente de eso se trata, de justificar, ya que, tras afirmar la fatalidad oceánica de la cantidad y calidad de los elementos a los que se enfrentan nuestras escuálidas naves, surge la excusa perfecta: no hay recursos. Es como si dijéramos que hay demasiados enfermos y poco dinero para atenderlos, por lo que hay que dejar morir a algunos. Que es algo que no se dice (aún), aunque se haga. El silogismo es incontestable: ¿cómo va una región pobre y despoblada a afrontar tales gigantes? Pero son molinos…
Con este relato, además, salimos beneficiados doblemente: por una parte contamos con más y mejor historia que los demás, que es algo que cotiza mucho en ciertos foros, aunque no sirva para nada más, como tontería de libro que es. Por otro, si dejamos caer sus testimonios materiales o los tiramos (algo con tantos ejemplos que huelga comentarlo) es porque no tenemos más remedio. Nuestras fuerzas son escasas para tamaña empresa. No nos hacemos responsables pero fuimos ilustres, ahí es nada.
Tampoco es cierto, por supuesto. El patrimonio es un recurso escaso, limitado y frágil: nada hay en él de esa supuesta infinitud desbordante que autorice a prescindir de lo menos selecto. Sus ejemplares son únicos. Y el dinero público, suficiente; solo hacen falta políticas adecuadas. Hay opciones de dónde quitar y dónde poner: no es falta de recursos, sino de distribución, de administración. La política decide esa administración, una política que por el momento se confiesa irresponsable pero ilustre. La semana pasada se desplomó el castillo de Alcuetas, monumento legalmente protegido desde 1949.
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