Cada verano, los incendios forestales vuelven a ocupar el debate público y, con ellos, reaparecen dos explicaciones enfrentadas. Para unos, el cambio climático es la causa principal; para otros, el problema reside en la falta de gestión forestal o en las decisiones de las administraciones. Ambas perspectivas contienen parte de verdad, pero ninguna, por sí sola, permite comprender la complejidad del problema. El territorio rara vez admite explicaciones tan sencillas.
Desde la Geografía, un incendio no puede analizarse únicamente como un fenómeno meteorológico ni como el resultado de una determinada política forestal. Su comportamiento depende de la interacción entre clima, vegetación, usos del suelo, estructura de la propiedad, actividad agroganadera, condiciones topográficas, accesibilidad y capacidad de prevención y extinción. Son factores diferentes que se combinan de manera particular en cada territorio.
El cambio climático está modificando las condiciones en las que se desarrollan estos episodios. El incremento de las temperaturas, la mayor frecuencia de periodos secos y la aparición de situaciones meteorológicas extremas pueden favorecer incendios más rápidos e intensos. Negar esta realidad carece de fundamento científico. Pero convertir el clima en una explicación suficiente también supone simplificar un problema territorial mucho más amplio.
La estructura del territorio importa. Durante décadas, la transformación de los sistemas productivos y el abandono de determinados usos rurales han alterado paisajes que anteriormente presentaban un mayor mosaico de cultivos, pastos, aprovechamientos forestales y asentamientos. No se trata de idealizar el paisaje del pasado ni de recuperar artificialmente formas de vida desaparecidas, sino de comprender cómo esos cambios han modificado la vulnerabilidad frente al fuego.
Por eso, la prevención no puede comenzar cuando aparece la primera llama. Tampoco puede reducirse a disponer de más medios de extinción, aunque estos sean imprescindibles. Prevenir significa construir territorios menos vulnerables: gestionar la vegetación allí donde sea necesario, mantener discontinuidades, recuperar determinados aprovechamientos, mejorar accesibilidad, planificar espacios próximos a núcleos habitados y reforzar capacidades locales.
Pero existe una condición fundamental: esa gestión debe ser viable. Resulta difícil pedir al medio rural que mantenga determinados paisajes y reduzca su vulnerabilidad frente al fuego si, al mismo tiempo, quienes quieren desarrollar actividades agroganaderas o forestales encuentran una creciente complejidad administrativa, múltiples autorizaciones, controles y costes que dificultan su rentabilidad. La protección ambiental y la regulación son necesarias, pero cuando el marco de actuación se vuelve excesivamente complejo puede terminar desincentivando precisamente algunas de las actividades que contribuyen a mantener el territorio gestionado. Prevenir también exige facilitar que vivir y trabajar en el medio rural siga siendo una opción real.
Y aquí también existe una responsabilidad política. No tanto por cada incendio concreto, cuya explicación exige un análisis riguroso, sino por la capacidad de las instituciones para construir políticas estables, coordinadas y de largo plazo. Los territorios no cambian al ritmo de los ciclos electorales y la prevención forestal tampoco debería hacerlo. Ni todo incendio es consecuencia del cambio climático, ni todo incendio demuestra una mala gestión. Pero cada incendio debería obligarnos a preguntarnos qué territorio hemos construido, qué territorio estamos dejando de gestionar y qué territorio queremos legar. Porque el fuego se combate cuando arde, pero la vulnerabilidad frente al fuego se construye mucho antes.
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