Este próximo curso uno de los grandes miedos de padres y madres con adolescentes, no será que suspendan matemáticas o que lleguen tarde a casa, sino que un agente municipal los sorprenda fumando. No por el temor a que sus hijos comprometan su salud, sino por la multa de 100 euros que el Gobierno quiere endosar a sus papás en su cruzada contra el tabaquismo.
El anteproyecto que el Gobierno tiene encima de la mesa es claro. Fumar o vapear siendo menor no sólo está prohibido, sino que acarreará sanción. Y no al chaval, que quizá no tenga ni para pagarse una hamburguesa, sino a sus padres. Hasta aquí, podría entenderse dentro de esa tendencia de responsabilizar a las familias por lo que hagan sus hijos. El problema viene cuando uno recuerda que en España una chica de 16 o 17 años puede abortar sin necesidad de que sus padres lo sepan, y mucho menos que lo autoricen. En otras palabras: para decidir sobre la vida de un ser humano se reconoce autonomía plena, pero si le pillan fumando, la factura va para casa.
La incongruencia es tan absurda que parece un mal chiste. ¿Qué mensaje se lanza? Que para lo importante los padres sobran, pero para lo accesorio deben pasar por caja. Autonomía selectiva. Libres para lo íntimo, dependientes para lo superficial.
Y no es que el ordenamiento no contemple la responsabilidad de los padres. Tanto el Código Civil, como la Ley de Responsabilidad Penal del Menor dice que si un chaval de entre 14 y 17 años comete un delito, además de las medidas que le correspondan, sus padres pueden ser condenados a pagar la indemnización correspondiente. Pero hablamos de robos, agresiones, destrozos… no de un pitillo detrás del instituto. Es decir, la responsabilidad parental ya existe. Ahora simplemente se pretende trasladar al terreno de la infracción administrativa como medida ejemplarizante y, sin duda, recaudatoria.
Desde una óptica liberal, la clave es la coherencia entre autonomía y responsabilidad. Si reconoces a un adolescente capacidad para decidir sobre algo tan trascendental como la vida, también deberías reconocerle capacidad para asumir la sanción de su conducta pública. Y si consideras que es tan inmaduro como para que sus padres paguen por él, quizá habría que revisar hasta qué punto está preparado para decisiones como la maternidad y el aborto.
Como tantas otras veces, el Estado juega a dos barajas. Trata a los jóvenes como adultos cuando le interesa reforzar un discurso progresista y los infantiliza cuando le interesa cuadrar un titular contra el tabaco y, de paso, convertir a los padres en cajeros automáticos de la moral pública.
Lo grave no es la multa en sí, que a fin de cuentas es menor, sino lo que refleja. El típico paternalismo incoherente de la izquierda, que erosiona tanto la autoridad de los padres como la responsabilidad individual de los hijos.
Se legisla a golpe de ocurrencia, como con la Ley del «solo sí es sí», sin pensar en el sentido común, ni en las consecuencias, ni en la coherencia del sistema jurídico.