Hasta la caída del Muro de Berlín los comunistas defendían sin ambages que la revolución debía estar por encima de las limitaciones impuestas por los derechos humanos en el contexto capitalista. Por eso, a los comunistas les parecía que la falta de libertad de pensamiento, religiosa, de expresión o de opinión, los presos políticos e incluso las torturas y las ejecuciones sumarias que caracterizaban la acción del bloque soviético eran males necesarios para alcanzar un bien superior: la emancipación igualitaria de la humanidad.
Esta ideología, aunque equivocada, era sin duda más legítima que los posicionamientos de la izquierda actual. Los rojos de nuestros días siguen ciscándose en los derechos humanos siempre que el tirano que los conculque sea de su cuerda, pero a diferencia de sus mayores no se atreven a decirlo, e incluso los invocan hipócritamente cuando algún régimen social-comunista se va al guano, como parece que empieza a suceder con el venezolano.
En este momento la consigna de la izquierda frente a la detención de Maduro consiste en invocar el derecho internacional, que habría resultado conculcado porque los EEUU, con autorización de un juez federal, han capturado a un narcoterrorista que será juzgado con las garantías propias de una democracia occidental.
Por otra parte, en los últimos 20 años el régimen chavista ha sido responsable de decenas de miles de detenciones políticas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, de casi 500 muertos en protestas, de que 8 millones de venezolanos hayan tenido que exiliarse, de que más de 400 medios de comunicación hayan sido censurados y cerrados, de tres elecciones sin reconocimiento internacional (la última de ellas clamorosamente robada) y, como siempre sucede en cualquier régimen comunista, de que el 90 % de la población viva en la pobreza y el 50 % en la pobreza extrema, mientras Maduro se llevaba 13.000 millones de euros en oro a Suiza. No vi que ninguno de los que ahora se rasgan las vestiduras se acordase del derecho internacional en relación con ninguna de estas circunstancias, ni tampoco que el derecho internacional asistiera en absoluto a ninguna de las víctimas del chavismo.