España sufre una tensión permanente entre dos instituciones que nacen de la Constitución: el Estado de Derecho y la partitocracia.
El Estado de Derecho consiste en que todos estamos bajo el imperio de la Ley, que emana de unas Cortes representativas y que aplican unos jueces independientes que adquieren su potestad por oposición; en otras palabras, en que la Justicia es igual para todos.
La partitocracia, por el contrario, reúne todo el poder en las sedes de los partidos, en las que el líder de turno concentra o aspira a concentrar el poder ejecutivo, el poder legislativo, a través de los que ha colocado en su lista, y el judicial, por medio de la elección de los miembros de los órganos de gobierno de los jueces y de los que entran por el cuarto turno. También, por supuesto, el cuarto poder, que coloca bajo su bota por muy diversos mecanismos mercantiles.
El Estado de Derecho se manifiesta cuando se juzga y condena a Urdangarín; y la partitocracia brilla cuando unos golpistas condenados tras un juicio justo son indultados; cuando un juez no puede imputar a la mujer del Presidente del Gobierno sin sufrir un brutal acoso; y cuando el poder ejecutivo se mofa de manera estentórea de un Parlamento -teórica representación del pueblo y de su soberanía- que por mayoría absoluta le exige que convoque elecciones.
El Estado de Derecho, siempre bajo el ataque de la partitocracia, sobrevive gracias a un puñado de policías y jueces valientes, y a la poca prensa libre que nos queda.
Pero como no somos juristas como Óscar Puente, pasemos a la ética, que es mucho más intuitiva. Más allá de los argumentos legales que han llevado a cifrar en 24 años la condena de Ábalos, no debemos olvidar que mientras 130.000 españoles morían en la pandemia, otros muchos perdían sus empleos y sus empresas, y todos nos veíamos privados de nuestros derechos fundamentales, nuestro Gobierno, en lugar de trabajar por el bien público en una situación tan excepcional, montaba una trama para lucrarse de las mascarillas.
Detengámonos en el juicio ético que de ello se está haciendo, porque mientras la ética y el decoro no son suficientes para que este Gobierno dimita, sí bastan para mantener a un Jefe del Estado en el exilio.