Sin embargo

El desahucio de una anciana discapacitada de su casa de toda la vida ha sido retransmitido en directo para que pudiéramos comprobar hasta dónde llega la maquinaria que nos despoja lenta pero inexorablemente de nuestros derechos elementales. Para llegar a esas escenas dramáticas y a tantas otras ha tenido que intervenir una multitud de funcionarios públicos puestos al servicio de los intereses financieros privados que protagonizan ese expolio de derechos en todo el país: un sistema judicial que no ha tenido a bien amparar la fragilidad de una vida humana, un número elevado de policías que para sí quisieran ciertos delitos, personal de sanidad pública en tareas que les son propias aunque no apetecibles... Mientras tanto, quienes defienden los derechos de esa mujer y de todos en la calle son víctima de escarnio y manipulación públicos.

No hay mejor negocio hoy día que el embargo de nuestros derechos fundamentales. Mientras salud y educación son invadidas por empresas o contaminadas por conductas empresariales, la alimentación y la vivienda son monopolizadas por intermediadores cuyo enriquecimiento especulativo no se limita o sanciona; a veces incluso se recompensa con exenciones. Todos ellos se embolsan pingües beneficios por una sencilla razón: son imprescindibles. Durante décadas la producción de bienes de consumo se ha centrado en convertir en necesario aquello que no lo era: el deseo por obtener una determinada cosa o una determinada marca aún provoca enormes ganancias. Pero cualquiera de esos productos es excusable o, como diría José Luis Cuerda, contingente. Lo necesario es mejor negocio, lo necesario es el negocio.

Siguiendo la estela de los Estados Unidos, el supuesto país más rico del planeta cuyos ciudadanos pueden arruinarse por un problema de salud o una deuda universitaria, Europa subasta su estado de bienestar al mejor postor al toque de corneta de quienes dicen defender a los nacidos en el país frente a imaginarios invasores de otros lugares. Pero esos “invasores” no desahucian o medran por curarnos.

Ante esa auténtica expropiación, solo caben la acción ciudadana y la intervención de los poderes públicos, del Estado. Sin embargo, los subterfugios legales y evasores del mundo empresarial esquivan la mayoría de las regulaciones y normativas, de manera que estas caducan o se quedan en papel mojado, proceso apoyado por gobiernos y partidos de derecha, sus aliados naturales.

Por otra parte, el rechazo a las expropiaciones, medida radical pero efectiva al menos como advertencia, recorre las bancadas políticas y sus muchas conexiones empresariales y lobistas. ¿Cómo hacer pasar algo al dominio público, si lo habitual es, precisamente, lo contrario, privatizarlo como se ha hecho siempre? En definitiva, solo pretenden un derecho intocable, pétreo, definitivo: el de la propiedad privada. El resto puede ponerse a la venta precisamente por haberse convertido en propiedades privadas.