La energía eléctrica no puede almacenarse a gran escala. Por eso, lo que se produce tiene que ser ni más ni menos que lo que se consume en cada momento. La dificultad de gestionar el sistema eléctrico nacional radica en mantener en cada minuto ese equilibrio, porque si se rompe suceden colapsos como el del pasado lunes.
De ello se encarga Red Eléctrica de España, que es quien ordena a las instalaciones de producción aumentarla o disminuirla en función del estado de la demanda. La energía solar y la energía eólica presentan indudables ventajas, pero también algunos inconvenientes: son caras, estropean algunos paisajes e introducen inestabilidad en el sistema, dado que no es posible aumentar o reducir a voluntad lo que producen. En este sentido, se sitúan en el polo opuesto las fuentes de energía cuya producción puede controlarse al ciento por ciento, como la hidroeléctrica, la térmica o la nuclear.
Es evidente que, si la gestión del sistema eléctrico nacional consiste en mantener permanentemente un nivel de producción equivalente al de demanda, requerirá un adecuado equilibrio entre las fuentes de producción controlables y las que, como la solar y la eólica, no lo son. Y debería corresponder a los técnicos y no a los políticos determinar ese equilibrio. Porque las fuentes de energía no son de izquierdas ni de derechas, como tampoco son del Madrid o del Barcelona.
En España, la izquierda gubernamental de la transición ecológica y la agenda 2030 ha emprendido una carrera enloquecida desmantelando presas, volando térmicas y cerrando nucleares, lo que nos ha hecho sumamente dependientes de las instalaciones de producción más inestables. Y también en esto la izquierda se encuentra en guerra consigo misma, porque son las organizaciones ecologistas de izquierdas las que con más ferocidad se oponen a los parques eólicos y a las plantas solares, mediante movilizaciones y demandas judiciales que con no poca frecuencia prosperan. La ciudadanía no debería tolerar que en esto, como en otras cuestiones similares, los políticos tomen las decisiones que corresponden a los expertos, al menos mientras tengamos políticos tan irresponsables como los que nos gobiernan.