Poco se habla del plan de ajuste económico que asfixia a muchos ayuntamientos desde la denominada Ley Montoro del año dos mil doce. Nuestro particular señor Burns, ahora lo sabemos, hizo casi más daño que el cabeza/remolacha de Trump en Ormuz; sus políticas siguen estrangulando a los municipios.
Aquella Ley de Estabilidad Presupuestaria quería limitar el gasto sin control de anteriores épocas de despilfarro pero acabó siendo un lastre que frena inversiones, contrataciones y servicios públicos. No se explica que la Federación de Municipios en todos estos años no haya peleado con más fuerza por lograr la derogación de la citada ley o al menos su flexibilización. Aunque hay que decir, en honor a la verdad, que existe un nefasto origen de esa ley: la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, perpetrada con nocturnidad entre Rajoy y Zapatero un año antes; los dos partidos dominantes comulgando juntos para elevar a norma constitucional la estabilidad presupuestaria exigida por Europa. De allí nacen también estos males.
Entonces surgieron esos mantras de techo de gasto, ajustes, déficit cero… que han llevado a muchos consistorios a la insuficiencia financiera. Ayuntamientos que se han encontrado con millones en remanentes de tesorería, en el cajón, y al mismo tiempo sin poder atender sus gastos estructurales o atender sus problemas y necesidades con recursos propios. Tienen que depender muchas veces de subvenciones paternalistas de otras administraciones, en especial de Diputación y/o Junta de Castilla y León, ayudas que se otorgan en ocasiones con criterios confusos; vale decir políticos. Tarde y mal. Las limitaciones son tales que si no hay ayudas no arreglan ni invierten. Las políticas de subvenciones equivalen a retejar en una casa cuando –o sólo si– toca la lotería. Por eso hay muchas corporaciones locales que no pueden ni siquiera contratar el personal que necesitan o abordar obras o servicios más o menos urgentes. No pueden acometer respuestas directas. Y se tambalean. La pretendida austeridad deviene así en austericidio.
La norma es más injusta todavía en el caso de los ayuntamientos porque son las administraciones públicas menos endeudadas y son además la primera y más cercana instancia al ciudadano. El ayuntamiento debe hacerse cargo de servicios públicos básicos como guarderías, colegios, dependencia, mayores, bienestar social… pero sin una financiación estable que garantice esos objetivos y la calidad del servicio. Mientras tanto, se calcula que los ayuntamientos en conjunto tienen alrededor de cuarenta mil millones de esos fondos inmovilizados, sin poder utilizarlos libremente. Ya sólo falta que cualquier día un Gobierno reaccione y legisle por fin para que las corporaciones locales puedan acceder a esos remanentes depositados en los bancos y que el siguiente, reincidente e indecente paso sea un nuevo rescate a las ‘pobrecitas’ entidades bancarias, que llorarían tras la medida. No lo echemos a broma, ‘cosas veredes’.