Estoy en el bando de quienes creen en la utilidad de la institución del Procurador del Común. Aunque a veces no es escuchado, es una fórmula ideada con la intención de defender al ciudadano ante los errores, desidias, abusos y silencios de las administraciones públicas. El Defensor del Pueblo de Castilla y León es un intermediario, un representante, un guardián de los derechos de individuos y colectivos sociales frente a las decisiones de los ayuntamientos y la Junta, principalmente.
Tuve el privilegio de vivir desde dentro los primeros años de vida del Procurador del Común. Eran los tiempos en los que la sede se ubicaba en La Casa del Peregrino, junto al Hostal de San Marcos, hoy dedicada a menesteres gastronómicos. Para este periodista fue una experiencia más que interesante, por las personas y por los retos a los que nos enfrentábamos. Desde entonces entiendo algo más a quienes trabajan con las imprescindibles - y a menudo tediosas – leyes.
Recientemente, el Alto Comisionado de las Cortes ha emitido una resolución que me ha dejado perplejo. Reclama el Procurador del Común que el Club de los 60, organismo dependiente de la Consejería de Familia, no se dirija a sus asociados con la expresión “Querido amigo, Querida amiga”. No pongo en duda su argumentario y análisis legal, pero sí su conveniencia y oportunidad. Cierto es que la resolución es consecuencia de una queja de alguien a quien no le gustó el “exceso de familiaridad” del escrito. Dicen que desprende “paternalismo”, que no se ajusta a un “trato de respeto”.
No comparto el criterio, al contrario creo que en las comunicaciones entre administración y administrado habría que ponerse al día, no digo ya en las resoluciones judiciales y similares. No han evolucionado. La comunicación verbal o escrita está inventada para entenderse y los textos de las instituciones públicas suelen adolecer de sencillez. Y de alma.