Se podría contestar al encabezamiento con varios títulos de películas que parecen hechos a la medida, como la historia interminable, la carrera del siglo o misión imposible, o frases hechas y mil veces dichas, tal como el cuento de nunca acabar, incluso, en términos médicos, es un mal endémico, porque no es un asunto de hoy, sino de hace casi un siglo, y eso por poner una fecha más o menos registrada.
Y desde entonces hasta hoy, por unas u otras causas, unas forzadas, como las consecuencias de la guerra, y otras sobrevenidas, como la mejora de la situación económica, el crecimiento de la población empadronada, incluso el turismo, esto ha sido, valga el simil, como aquellas carreras de galgos, hoy desaparecidas, en que una liebre mecánica corría que se las pelaba, y los galgos nunca la conseguían alcanzar.
La guerra civil, que Dios confunda, dejó ciudades y pueblos destruidos, unos más, otros menos, pero siempre y en cualquier caso, con una enorme falta de viviendas.
Aparte de lo que fue el plan de “Regiones Devastadas” que empezó a funcionar en 1938 y cuyo fin era la reparación de las zonas, muchas, que la guerra había destrozado, y que finalizó en 1957, se hizo evidente que había que iniciar la construcción en cualquier sitio que tuviera posibilidad de construirse, es decir, solares con los servicios mínimos para ello, básicamente en ciudades y pueblos con calles consolidadas y mínimamente dotadas de servicios.
Así que, en 1945 se promulgó una ley de “edificación forzosa”, por la que cualquier solar que fuera edificable, tenía que serlo en un plazo máximo de cinco años. Quizás porque el país tampoco estaba para trotes y por mucho que se ordenara, incluso se deseara, aquí había muy poco de todo, desde ladrillo a cemento, pasando por hierro y plomo, y que la picaresca también funcionaba para esquivar la obligación de edificar, las necesidades siempre iban por delante y las posibilidades por detrás.
Así hasta principios de los 60 en que entran en el gobierno los que entonces se llamaron los “ministros tecnócratas”, técnicos y economistas, nada políticos, que con Laureano López Rodó a la cabeza y después de una devaluación del 25% y alguna que otra engañifa legal, como promulgar que “la barra de pan de un kilo mantendrá el precio, pasando a pesar 600 gramos” (y esto es históricamente verdad), y organizan el Plan Nacional de la Vivienda 1961-1975, uno de los instrumentos esenciales del que se llamó Plan de Desarrollo, del que el propio López Rodó era el comisario y que significó el auge de la clase media española.
Simplificando mucho el proceso, se clasificaban los edificios en función de los futuros usuarios y sus capacidades económicas (se daban tres niveles) y comprometía a prácticamente a todos los agentes posibles del proceso edificatorio: el estado aportaba una compensación en forma de bajada de intereses a los préstamos al comprador que daban las entidades financieras (básicamente Cajas de Ahorro), incluso, en este caso, subvencionaba a los compradores de menor poder con cantidades a fondo perdido bastante significativas, créditos al constructor en buenas condiciones y los ayuntamientos no cobraban la licencia. En contrapartida, las condiciones de diseño y calidad estaban regladas y los precios de venta estaban fijados cada año en función de la provincia, la zona y el nivel de la vivienda.
Anualmente se dotaba la cantidad que el erario aportaba al Plan y que se sustanciaba en el número de viviendas que por provincia recibía ayuda. A partir de ese momento se abría la recepción de solicitudes, que siempre se cubría, incluso se superaba, se concedían, y … a construir.
Tenía sus trampas generalmente en pagos extras bajo cuerda y alguna que otra cosilla, pero, en ese plan, se construyeron más de 4.000.000 (CUATRO MILLONES) de viviendas, y, aún así, la demanda siempre fue por delante de la oferta, básicamente porque, al crecimiento de esa clase media fue tan rápido que nunca permitió cubrirla.
El Plan, que acababa en 1975 siguió funcionando hasta entrados los 80, momento en que los ayuntamientos dijeron que querían sus licencias, el estado empezó traspasar competencias, cada uno hizo de su capa un sayo en diferentes maneras de atacar el problema y eso de las viviendas de protección oficial, como tales, pasaron a mejor vida.
A partir de aquí, las viviendas se construyeron a su aire, hasta la explosión de los años dorados del 96 al 2006, que empezó el declive y posterior hundimiento del sector.
Pero esa es otra historia, que queda para otro día.