El mes pasado hubo protestas y reivindicaciones por la falta de trabajadores públicos en distintas consejerías de la Junta, en especial en Agricultura y Educación. Hace algunos años había más de mil empleados públicos en la sede de la Delegación de la Junta en León. Se han ido jubilando y amortizado puestos de trabajo hasta verse reducida esa cifra ¡en varios cientos! Con el menoscabo, en consecuencia, de la actividad habitual; se retrasan trámites, se resiente el funcionamiento. Igual ocurre en otras instituciones y organismos, en muchos departamentos, y/o en buena parte de los ayuntamientos de la provincia. Hasta llegar al caso surrealista de un consistorio de la Montaña que dispone de dos máquinas retroescavadoras pero no tiene un trabajador que las maneje, sólo las presta a veces a vecinos de sus pueblos para que hagan faenas particulares y así aprovecharlas mínimamente. De forma que podemos pasar casi del gigantismo al enanismo en cuestión de personal, de una Administración sobredimensionada a otra muy escasa, de un problema a su contrario.
Pero hay más. En muchos de esos organismos y edificios gigantes complicados de gestionar ya nadie se ocupa del mantenimiento diario, esas pequeñas tareas cotidianas que un manitas de la casa resolvía casi al instante. Cuando se produce una avería o incidencia, un grifo, un armario, una mesa, un fluorescente… así queda hasta que alguien de una empresa exterior contratada pueda pasar a solucionarlo. Tal vez el sueldo de aquel ‘machaca’ empleado-de-mantenimiento-arregla-todo se multiplicará por tres y el tiempo de solución del problema también. Algunos trabajos como la limpieza ni se plantea ya hacerlos con trabajadores propios en esos organismos o en colegios u hospitales. Pero ¡si hasta en ciertos cuarteles llenitos de guardias o militares dentro, encontramos seguridad privada en la puerta! La bendita moda y manía de externalizar, de sustituir lo público por lo privado (¡no hablemos ya de privatizar!). La dinámica es encargar ciertas tareas, sobre todo manuales o de intendencia material, a agentes externos en lugar de gestionar directamente. El mundo está siendo diseñado para que grandes empresas privadas de servicios arañen en el erario público. Males y perversiones de este neo-capitalismo extremo.
Todo se hace en nombre de aumentar la eficacia y reducir costes. Trampa. Habría que saber quién controla y fiscaliza que esos supuestos objetivos se cumplen. Y habría que discriminar dentro de la Administración las tareas inútiles y/o los trabajadores laboralmente no rentables (alguno vive de gorra), de los que sí lo son (caso cercano: Ángeles y Nicolás valen por cuatro, celebro su jubilación pero los administrados lo notarán, y mucho). La contratación privada debería ser excepcional, quizá en cometidos específicos, especializados, que requieren de expertos. Su uso desproporcionado significa, además, reconocer de alguna manera que la Administración pública es incapaz de prestar sus servicios al ciudadano, una cantinela tan extendida como errónea.