Que alguien me explique por qué todavía la Guardia Civil y la Policía Nacional no son profesiones de riesgo, cuando sí figuran como tales la Ertzaintza, los Mossos d’Escuadra, la Policía Foral de Navarra o la Policía Local. No tiene lógica alguna, salvo por las habituales miserias de la inacción y la incompetencia política. Y porque vivimos en un país donde priman los privilegios de ciertos territorios.
Pese al cierre del sector, en León entendemos de sobra por qué la minería es una profesión de riesgo. La ciudadanía acepta que bomberos, ferroviarios y otros estén incluidos entre los oficios peligrosos. Todos ellos permiten la jubilación anticipada sin penalización económica. Igual que los maestros. Es la única ventaja de la que disfrutan respecto al resto de los asalariados (maltratados autónomos al margen).
La jubilación anticipada permite que quienes pertenecen a las profesiones de riesgo se jubilen, según el caso, entre los 52 y los 60 años. De hecho, si no fuera por la crisis demográfica, el estado del bienestar europeo aspiraba en su día a que la edad de jubilación se fuera rebajando en todos los sectores laborales.
Llama la atención que, desde hace años, la mayoría que domina el Congreso de los Diputados esté mareando la perdiz al retrasar, una y otra vez, una proposición no de ley impulsada y aprobada en el Senado por el PP, con la que se pretende reconocer a Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo. La Mesa del Congreso (PSOE y Sumar) ha votado sin rubor alguno hasta en 71 ocasiones una ampliación del plazo de presentación de enmiendas.
Estoy convencido de que más pronto que tarde se aprobará la ley. Las últimas muertes de guardias civiles en Huelva y Barbate no admiten dudas. Mientras tanto, habrá iluminados que defiendan que fallecieron en accidente laboral y continuarán los abucheos al ministro Marlaska.