Estamos de acuerdo en la importancia que tiene la presunción de inocencia. Con frecuencia tendemos a erigirnos en jueces de los demás antes de que los legítimos tribunales hayan dictado sentencia. Sin embargo, la presunción de culpabilidad, en nuestras manos, sería muy peligrosa. Otra cosa es que los jueces, cuando tengan indicios de que pueda haber una conducta delictiva, inicien la investigación. Es su deber y por algo han de empezar.
Están muy de actualidad las investigaciones judiciales en torno a personas muy cercanas al Presidente del Gobierno, ya sea en el ámbito familiar o en el político. Aunque no les haga mucha gracia, los implicados en estos presuntos casos de corrupción, deberían estar tranquilos y respetar la acción de la justicia, sobre todo si tienen la conciencia tranquila y han sido fieles cumplidores de la ley. Por lo demás, sería muy hipócrita aceptar y respetar solamente la actuación de la justicia cuando afecte a nuestros adversarios, pero no cuando nos afecte a nosotros. La justicia debe ser igual para todos.
En España tenemos experiencia de condenas de prisión de importantes políticos o gentes muy conocidas. Nos vienen a la memoria personas que han ocupado cargos significativos en partidos de distinto signo como los ministros José Barrionuevo o Eduardo Zaplana. Hasta el yerno de Su Majestad el Rey pasó años en la cárcel. O personajes famosos, como Isabel Pantoja. Y no por ello se dedicaron a desacreditar a la justicia. Llevaron las respectivas condenas con bastante dignidad. En cambio ahora, fieles a la ley del embudo, lo ancho para uno y lo estrecho para los demás, los actuales gobernantes sanchistas, están haciendo una campaña orquestada, extremadamente peligrosa, en contra de los jueces, atentando contra la división de poderes. Y eso es gravísimo. Difícilmente podría ocurrir en un país democrático. Tenemos el reciente ejemplo de nuestro país vecino, de Francia, con la condena a cinco años de prisión del expresidente de la República, Nicolás Sarkozy. Él defiende su inocencia, pero prefiere ir a la cárcel, antes que aceptar el indulto. Al menos es coherente.
Lo insólito en la España actual es que ahora los gobernantes cambian las leyes para favorecer a los delincuentes. Lo que siempre se tuvo como un delito deja de serlo y así se evita el cumplir una condena. Es decir, se cambia la ley para que pueda beneficiar al que no la cumple. Casi hacen buena en algunos casos la presunción de culpabilidad.