Un prejuicio tan injusto como peligroso

Los datos sobre expulsiones de inmigrantes en León obligan a abordar el debate con seriedad, sin demagogia y sin ingenuidad. Un Estado tiene el derecho y también el deber de actuar con firmeza frente a quienes delinquen, incumplen gravemente la ley o ponen en riesgo la seguridad colectiva, sean de la nacionalidad que sean. Negarlo sería irresponsable. Pero igual de irresponsable resulta utilizar esas cifras para sembrar sospechas sobre miles de personas que viven, trabajan, cotizan y sostienen sectores enteros de nuestra economía con absoluto respeto a las normas. El gran problema de la inmigración, cuando aparecen conductas delictivas, es que basta una minoría para manchar la imagen de todos sus compatriotas y, por extensión, de toda la población migrante. Ahí nace un prejuicio tan injusto como peligroso. Porque generalizar nunca resuelve nada: solo rompe la convivencia, alienta el rechazo y castiga precisamente a quienes más esfuerzo hacen por integrarse. La ley debe caer sobre quien la vulnera, pero la dignidad y la presunción moral deben amparar siempre a quienes cumplen. Esa diferencia entre culpables concretos y comunidades enteras es la que una sociedad nunca debe olvidar.