¿Qué delito tan grave puede haber cometido el mundo rural para que sea castigado de semejante forma?
Una pregunta sin respuesta que estoy convencida de que muchos nos hemos hecho más de una vez, en vista del declive de la mayoría de nuestros pueblos.
Poco a poco la vida en gran parte de este entorno se ha ido desangrando. Gota a gota, vecino a vecino, se ha ido perdiendo la población y con ello el interés de las administraciones y gobiernos en invertir en estos extensos territorios.
Han desaparecido paulatinamente colegios, tiendas, consultorios médicos y otros servicios esenciales.
Han dejado de pasar los vendedores ambulantes que hasta hace unos años surtían de lo necesario a los habitantes.
Se han reducido al mínimo los medios de transporte, haciendo imprescindible el coche para poder desplazarse a la hora de realizar cualquier gestión.
Estos son solo algunos ejemplos de las trabas que se encuentran quienes viven en el pueblo o aquellos que tienen la intención de hacerlo.
La calidad de vida es superior a la de la ciudad en varios aspectos, en eso hay acuerdo.
Pero la falta de servicios se erige como un gigantesco obstáculo muy complicado de derribar.
Y se llega así a una situación de enrocamiento, porque si hay pocos vecinos no se van a facilitar esos servicios. Todos sabemos que lo que no es rentable, aunque sea lo mejor, es desechado sin miramientos.
El resultado lo tenemos ante nuestros ojos. Estos lugares en los que muchos nos hemos criado, los que nos proporcionan alimento y algo de oxígeno en medio de este ambiente viciado que respiramos, se encuentran abandonados a su suerte o condenados a ser basureros gigantescos.
Existen una buena cantidad de iniciativas para revitalizar la llamada España vaciada, aunque muy pocas son las que llegan a fructificar.
El pasado domingo se celebró el día universal del orgullo rural y se volvieron a escuchar estas reivindicaciones mil veces repetidas e ignoradas.
Ojalá algún día nuestros pueblos sean lugares donde sea posible vivir.