El derecho de huelga nunca ha existido en los países en los que las izquierdas lograron implantar el paraíso comunista con el que algunos siguen soñando. En la URSS la huelga estaba prohibida y tipificada como delito, y era duramente perseguida en la práctica. Lo mismo sucede hoy en Cuba y, por supuesto en Corea del Norte.
En la Polonia marxista surgió un fenómeno singular. El sindicato Solidaridad, de Lech Walesa, prohibido y clandestino durante buena parte de su existencia, llegó a contar con 10 millones de afiliados (una cuarta parte de la población), y mediante diferentes huelgas y protestas en las que se jugaban la vida, desempeñó un papel fundamental en la caída de los regímenes comunistas euroasiáticos.
Más controvertida es aún la huelga general, mecanismo de protesta política que perjudica económicamente a sujetos que, como los empresarios, no tienen nada que ver con los políticos contra los que se supone que se plantea.
La del próximo día 11 ni siquiera es una huelga contra el gobierno, y está convocada por dos sindicatos que se han mostrado absolutamente dóciles con él durante los 8 calamitosos años de Sánchez. Se da la circunstancia de que durante ese mismo periodo las ayudas públicas a estos sindicatos han aumentado un 263%, superando hoy día los 100 millones de euros. Su representatividad, sin embargo, es ridícula, si la comparamos con los sindicatos de otros países europeos en los que los sindicatos se financian con las cuotas de sus afiliados, y que considerarían una ignominia recibir dinero de los gobiernos de los que supuestamente deben defenderlos.
UGT y CCOO, en resumen, no representan a los trabajadores españoles, sino a poco más de a un 10% del total, y eso teniendo en cuenta que los únicos datos de afiliación existentes son los que proporcionan los propios sindicatos. Tampoco los defienden del gobierno, del que son meros palmeros, y para colmo se llevan crudos más de 100 millones de euros de nuestros impuestos. Por último, se encuentran desde hace tiempo manchados por la corrupción, recordemos los casos recientes de Asturias y Andalucía. Todo ello mantiene ambas organizaciones en los más bajos índices de credibilidad de su historia.
En este orden de cosas es previsible que su intento de irrumpir en la campaña electoral el próximo miércoles sea un fracaso rotundo, aunque no por ello dejarán de alentar la violencia y la coacción, incluso física, contra los millones de españoles que ese día iremos a trabajar. A mí personalmente, no me dan ni un poco de miedo.
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