Hay decisiones que uno esperaría de un país serio. Y luego está la ocurrencia del Gobierno de lanzar una consulta pública sobre la OPA del BBVA al Sabadell, como si la absorción de entidades financieras cotizadas fuera asunto de tertulia de vecinos. No contentos con legislar vía redes sociales y gobernar a golpe de encuesta, ahora también pretenden que decidamos operaciones empresariales desde el sofá, entre el informativo y la cena.
La pregunta es digna de examen de oposición con trampa: «¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?». Que traduzco: ¿quiere usted que el Gobierno haga lo que le dé la gana con esta fusión? Porque con semejante ambigüedad, la respuesta siempre será «lo que convenga».
El formato elegido para la consulta es un simple formulario de Microsoft, de esos que se usan para votar el regalo de cumpleaños de los niños en el colegio. Ni control, ni verificación, ni una triste contraseña: puede rellenarlo cualquiera, las veces que quiera y con el nombre que le apetezca. Democracia líquida, dicen. Yo diría directamente aguada. La seguridad jurídica que se exige ante cualquier trámite administrativo, queda aquí reducida a una encuesta ‘online’ que ni una comunidad de vecinos se atrevería a usar para cambiar el color del portal.
Pero más allá de la forma, lo peor es el fondo: el Gobierno, que tiene mecanismos formales para pronunciarse, prefiere hacer como que no decide. O peor, hacer ver que decide el pueblo, cuando en realidad lo que busca es lavarse las manos. Vetar la OPA sería impopular entre los inversores, pero permitirla, enfadaría a Junts. Y ya sabemos lo que pesa una llamada desde Waterloo, aunque eso implique dinamitar los procedimientos más básicos del Estado de derecho.
Así que recurren al truco más viejo del populismo: el simulacro de participación. Algo muy visto en lugares con alta densidad de palmeras y baja calidad democrática. Allí se hace con urnas y banderas. Aquí, con formularios y conexión a internet. Pero el efecto es el mismo: disfrazar de voluntad popular lo que no es más que cálculo político.
Mientras tanto, se desdibujan los límites entre lo público y lo privado. El derecho de una empresa a lanzar una oferta sobre otra (sujeta, por supuesto, a reglas del mercado y supervisión técnica) queda ahora al albur de una consulta sin garantías, ni jurídicas ni mínimamente sensatas. Porque, no nos engañemos, en una economía seria, los que deben opinar sobre una operación como ésta son los accionistas, los órganos de gobierno de las entidades y los organismos reguladores. No el primero que pase por allí y tenga cinco minutos libres.
Pero claro, eso exigiría confiar en las instituciones, respetar la libertad empresarial y asumir responsabilidades. No optar por una cortina de humo, aunque sea a costa de empañar los cristales del sistema financiero.