Hace cuatro años, residiendo en otra ciudad de Castilla y León, comenzó el proyecto de construcción de una Planta de Biomasa y la correspondiente infraestructura de la denominada red de calor. Se situaba a escasos trescientos metros de mi casa. Me convocaron a una reunión para que me sumara a la oposición de ecologistas y otros colectivos contrarios. Acudí, escuché, participé en el debate energético y me fui convencido de que se trataba de una iniciativa positiva para el medio ambiente, la ciudadanía y para mí.
Ahora en León vecinos de Puente Castro, acompañados por Ecologistas en Acción, se movilizan contra la futura Planta de Biomasa que se pretende ubicar junto al cementerio de la ciudad. Se ha presentado recurso por presuntas irregularidades en la autorización ambiental y ha habido protestas en la calle.
Los argumentos de los críticos se centran en “la contaminación, los gases tóxicos y los olores”, exigiendo que el proyecto se traslade a otro lugar “más idóneo”.
Prácticamente nadie ve con buenos ojos que construyan cualquier tipo de planta de producción energética cerca de sus hogares. Lo mismo ocurre con las de residuos.
Es respetable. Lo que no termino de entender es por qué hay movilización en León y no en el resto de las ciudades españolas en las que se están llevando a cabo iniciativas idénticas. Me niego a aceptar que la razón última pudiera estar en que se trata de un plan de la Junta de Castilla y León (porque es una idea europea).
La red calor ha iniciado su periplo en algunas ciudades de la UE, en las que ciudadanos e instituciones públicas destacan dos realidades: se reduce la contaminación por la eliminación de cientos de calderas y chimeneas en edificios y también las facturas de calefacción y agua caliente.
Hay una justificación más profunda, no hay gas en España y sí contamos con una enorme masa forestal para producir biomasa.