Menuda racha llevamos en el periodismo cada vez que a nuestros queridos políticos les da por legislar sobre nuestra profesión. La única duda que me asalta es si los descosidos y daños que provocan en el ámbito periodístico se repiten con la misma intensidad cuando tocan otras áreas. Espero que no. Ojalá lo que nos ocurre a nosotros no se extienda a otros colectivos. Aunque, siendo realistas, basta con echar un vistazo a la hemeroteca para comprobar cómo, demasiadas veces, una ley que debería resolver un problema o mejorar la vida de los ciudadanos acaba generando justo lo contrario.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de la ley del secreto profesional para, supuestamente, reforzar ese derecho que ampara a los profesionales del periodismo. Desde los colegios de periodistas advertimos de las consecuencias negativas del texto antes de su aprobación, pero, una vez más, hicieron oídos sordos. Era previsible. Lo que resulta más decepcionante es que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y ciertos sindicatos apoyaron el contenido de dicho borrador. Su postura, francamente, los retrata.
A quienes aún piensen que exageramos, les invito a leer el informe del Consejo General del Poder Judicial. El documento señala que el anteproyecto presenta graves insuficiencias, ofrece una protección más débil que la actual, deja a los periodistas sin saber hasta dónde los ampara la ley y genera confusión sobre su control judicial. Por si fuera poco, la descripción que hace de los medios de comunicación y de los periodistas resulta insultante para toda la profesión. En definitiva, un texto digno del museo de los horrores legislativos, donde bien podría acompañar a la nueva Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León.
Antes de que se votara en las Cortes, tanto el Colegio de Periodistas como diversos medios alertamos de las consecuencias irreversibles de su aprobación. Aun así, PSOE, Vox, Podemos y el ex de Ciudadanos, Francisco Igea, votaron a favor. El redactado es tan deficiente e impreciso que puede provocar despidos de periodistas y el cierre de pequeños medios. El Consejo Consultivo ya ha emitido un informe demoledor sobre esta ley, que debería bastar para que quienes la promovieron y apoyaron pidieran la cuenta. Les avisamos antes de aprobarla, pero, una vez más, los intereses políticos pesaron más que el bien común. Solo queda confiar en que las demandas interpuestas contra este engendro legislativo prosperen y que la justicia adopte medidas cautelares para frenar su aplicación. Lo dicho, peor imposible.