Pedro Franqueza o el mimo de la riqueza

En artículo reciente sobre el duque de Híjar apenas hablé de Pedro Franqueza, conde de Villalonga, un catalán muerto en el castillo de León en 1614, posiblemente el mayor corrupto de los nacidos en territorio hispano.

Durante el reinado de Felipe III llegó a desempeñar las secretarías de los consejos de Aragón, de Castilla, de la Inquisición, de Estado y de las juntas de Hacienda de España y Portugal; tan codicioso y falto de escrúpulos antaño, que a su lado dejaría como enanos a los corruptos de hogaño. Llegar a la cumbre de la riqueza y del poder siendo pobre o humilde es un galardón para quienes lo consiguen con su talento y con su esfuerzo; pero alcanzar los puestos más envidiados y las comodidades de la fortuna, pisoteando la moral y exprimiendo las arcas públicas, no deja de ser una ignominia.

En 1577 Franqueza esposó con Ana Gabriel Román, hija del regidor de Alcalá de Henares, quien les donó una censo de 8.000 ducados (un ducado = 1.500 pesetas), que rentaba al año un cuarto de millón de maravedíes (un maravedí = 4 pesetas), dinero aprovechado para iniciales negocios y hacer nuevas amistades.

Con la elección del duque de Lerma, en 1599, como valido del rey, Franqueza se convirtió en su hombre de confianza. Conforme encumbraba en lo político y social, no desatendía la ambición en lo económico para lo cual resultó ser el más listo de la clase. Aceptó sobornos y utilizó la administración del Patronato Real, que dispensaba honores y prebendas entre la aristocracia. Recibió emolumentos ilegales utilizando testaferros y miembros de su familia. Falseó las cuentas de la Junta del Desempeño General –creada en 1603 para abordar el acuciante problema de la situación financiera de la Corona– y adquirió numerosas propiedades procedentes de embargos a precio reducido, consiguiendo así una enorme fortuna a base de tierras, casas, joyas, utensilios de plata y oro, enseres de todo tipo y enorme cantidad de dinero.

Tal nivel de vida y poder hizo que el 26 de diciembre de 1606, por orden secreta de Felipe III, se le realizase una auditoría y un registro en su opulenta casa señorial. Advertido, destruyó documentos comprometedores y regaló parte de joyas y dinero. Inútilmente.

En la madrugada del 20 de enero de 1607 fue arrestado. Sus bienes incautados e ingresado en la prisión de Ocaña. Se presentó contra él un memorándum de 474 cargos por fraude, falsificación y, fundamentalmente, por cohecho. Los jueces quisieron dictar una sentencia ejemplar, pero descartaron condenar a muerte a un sexagenario que había prestado buenos servicios a la Corona. Fue sentenciado a cadena perpetua y a indemnizar a la Real Hacienda con 1.406.059 ducados. Durante el proceso, para su descargo, representó síntomas de locura, más supuesta que real. En abril de 1610 se le trasladó a la prisión de Torres de León, donde quedó incomunicado, sin poder recibir visita ni escrito alguno, hasta su muerte, acaecida a finales de 1614. Fue enterrado provisionalmente en el convento leonés hoy desaparecido de San Claudio, en una tumba cedida al efecto amore Dei (sin cobrar el cura estipendio alguno); pero, según Julián Juderías, sus restos fueron trasladados a la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares. En cualquier caso, en 1626 fue iniciado un expediente (Archivo Histórico Nacional, leg. 718, nº 13, s.f. 28/7/1626) para trasladar el cadáver a una fosa común, a no ser que sus familiares se hicieran cargo de él, para lo cual se pidió la intervención de su abogado y yerno Gerónimo Funes Muñoz.