Habito desde hace años al oeste de León, en el barrio de El Crucero. Suelo frecuentar las fruterías ahí asentadas y regentadas prácticamente en su totalidad por marroquíes. Según el censo de 2022, en León habitaban 3.777 oriundos de Marruecos (1.739 hembras y 2.038 varones). Solo en la capital residen 1.687 marroquíes alcanzando la mayoría de extranjeros residentes en León. Por el trato que tengo con ellos como cliente me parece gente seria y educada. En varios años de su estancia no ha habido nunca en el barrio, que yo sepa, ningún incidente en su contra digno de mención.
Por distintas causas la inmigración no es precisamente oro que reluce en esta piel de toro llamada España. Recientemente han ocurrido en Torre Pacheco (Murcia), durante varios días, ataques contra inmigrantes que alcanzan el 30% de la población. Y, con tal virulencia, que una gran parte de ella se recluyó atemorizada en sus hogares con cierre de propios y modestos establecimientos comerciales. Alguno de ellos asaltado violentamente por encapuchados armados, ocasionando gran destrozo material. Todo ello en respuesta a la agresión de un vecino sexagenario, presuntamente atribuida a inmigrantes foráneos magrebíes ya detenidos. Este hecho singular ha motivado la llegada de multitud de gentes de ultraderecha venidos de distintos puntos, lanzando piedras e insultos de todo tipo, muestra del odio xenófobo que corre por sus venas. Se ha ultrapasado la violencia verbal de los discursos de Vox a la violencia física, en lo que podríamos llamar “noche de los cristales rotos”. Y todo ello antes de que la Justicia investigue y sentencie sobre lo sucedido. Previamente a que esto suceda, José Ángel Antelo Paredes, mozo de 38 años, 2 metros y pico de estatura, 100 kilos de peso y exjugador de baloncesto — a la sazón expulsado de la selección española Sub-20, en 2006, al hacer en el vestuario gamberradas humillantes sobre sus compañeros—, en la actualidad presidente de Vox en la Región de Murcia, ya se ha pronunciado con vehemencia y amenaza contra el inmigrante a raíz de los incidentes en Torre Pacheco: “No queremos gentes así en nuestras calles ni en nuestro país. Les vamos a deportar a todos; no va a quedar ni uno”. Pero si deportamos a miles de trabajadores sin papeles, ¿quiénes currarán por ellos? Habrá que preguntárselo a Antelo y a Abascal, que, de curro con sudores, son sin duda los mejores.
Viene a cuento recordar que ya en el siglo XVII, entre 1609 y 1614, se llevó a cabo en España la deportación de los moriscos, pero por motivos muy distintos a lo acontecido en Torre Pacheco. En aquel tiempo se trataba de una población de religión musulmana que tras la Reconquista fue obligada a convertirse al cristianismo. A pesar de su forzada conversión, muchos de ellos mantuvieron en secreto sus prácticas y costumbres hasta que finalmente fueron expulsados de la península. Alrededor de 300.000 moriscos de distinto sexo se vieron obligados a abandonar sus hogares con destino al norte de África. Fue una deportación masiva organizada rigurosamente por el aparato burocrático de la monarquía regentada por Felipe III y que causó enorme perjuicio en la agricultura. Sin embargo, con ello la Corona esperaba poner fin a algo más de un siglo de la denominada “cuestión morisca”, que hoy podríamos nominar como “cuestión magrebí”. ¿Tras un incidente aislado, cabe emprender acciones violentas globalizadas contra quienes se ocupan en su mayoría de trabajos absolutamente necesarios, pero despreciados por oriundos debido a su precaria remuneración? La expulsión o desplazamiento forzoso de inmigrantes, con el objetivo ideológico de “limpiar la nación de sarracenos”, sería, como ya ocurrió en el XVII, una medida extrema e injusta, y de considerable coste humano e imprevisibles consecuencias económicas.