Hace dos años, el 30 de marzo de 2023, en mi artículo comentaba: «En la localidad vizcaína de Amorebieta, desde hace cuatro años, unas manadas de chavales del municipio parecen haber encontrado como forma de entretenimiento: burlarse de Haitz, un muchacho de 18 años, que sufre una discapacidad intelectua». Este ya es el colmo del acoso escolar. La noticia es realmente inverosímil. La sociedad sigue sin darse cuenta de la gravedad de este asunto y, aunque nos parezca que estamos siendo pesados y hasta ‘cansinos’ en este asunto, tenemos que seguir insistiendo, porque nunca está de más y siempre podremos salvar una vida. Todo un pueblo de 19.000 habitantes conoce este ‘acoso cruel’ porque es la propia madre del acosado la que se encarga de hacerlo público. Es la única manera de conseguir que los jóvenes de Amorebieta dejen de hostigar a su hijo. Ella ha lanzado esta cruzada en favor de su hijo después de vivir un episodio de acoso e insultos que le hizo temer por su integridad. Es el colmo del acoso escolar: «Pandillas de sinvergüenzas mofándose de un pobre niño con discapacidad con todo un pueblo cerrando los ojos para no verlo durante cuatro años».
En el artículo de la semana pasada yo comentaba lo ocurrido el domingo, 9 de marzo. Belén Cortés, educadora social de Castuera, era asesinada por tres menores en un piso tutelado de Badajoz. No fue un asesinato normal, fue un crimen despiadado, sádico y salvaje por la edad de los adolescentes y por cómo se ha producido esta muerte violenta. De manera espontánea, sus cinco mil vecinos salieron a la calle a llorar su muerte y a pedir justicia para los menores asesinos.
El miércoles, 26 de marzo, justo dos años después del caso de Amorebieta, las portadas de los periódicos y los telediarios comienzan con lo sucedido en el IES Torres Quevedo de Santander. En los dos casos hay una cierta similitud: dos niños inválidos, unos menores de 16-17 años agresores y delincuentes y dos madres a las que no les da miedo denunciar la basura que han lanzado a sus hijos. Esto deja en evidencia a los responsables de centros educativos y vecinos que se han «quedado con el culo al aire» por su silencio culpable.
En Santander, cuatro menores de edad han sido denunciados por agredir a un compañero con parálisis cerebral en este instituto. La madre del menor, Carmen, contó a la prensa que ella descubrió la situación que su hijo había vivido en unas grabaciones que el niño estaba viendo en su teléfono móvil. El menor tiene discapacidad motora a causa de una parálisis cerebral y se desplaza en silla de ruedas.
Las imágenes impresionan: el vídeo muestra cómo empujan a su hijo, le dan collejas y le golpean. Tras descubrir estos hechos, la madre ha decidido hablar sobre ello públicamente, para concienciar sobre estas situaciones y para reclamar soluciones. En la televisión comenta que no lo hace con intención de hacer daño ni al profesorado, ni a nadie, pero sí entiende que hay que dar visibilidad a este tipo de cosas. Empezó por denunciarlo a la policía. Ha denunciado la situación por la vía penal. La Consejería de Educación ha activado el protocolo por acoso escolar en el centro, para investigar «el suceso y la situación previa a la agresión». Sin embargo, la madre lamenta que todos estos protocolos y expedientes no tengan un efecto tajante y práctico, porque su hijo «sigue conviviendo en la misma aula» con los estudiantes implicados en la agresión. Lo único que han hecho es expulsar del centro escolar cinco días a los menores. Curiosamente parece que este es el plazo máximo que permite la ley. Los alumnos ya han cumplido con este castigo y ahora han vuelto a las clases. La madre comentó ante las cámaras de televisión: «Hay ratos en los que estoy con rabia, y ratos en los que lloro mucho y me da mucho que pensar, porque me hace replantearme qué voy a hacer con mi hijo». Lo que más me emocionó es que: «Él nunca me había manifestado nada. Él tenía miedo a sentirse apartado y no sentirse integrado en su grupo». ¡Qué terrible debe ser esto para un niño inválido!
Termino ensalzando la valentía de estas madres para sacar a salvar a sus hijos y sacarlos del pozo en el que estaban enterrados, porque de no hacerlo así, todo el entorno habría pasado olímpicamente del tema. Sólo la prensa puso en alerta a los verdaderos responsables: Dirección provincial, inspección, dirección o padres para empezar a tomar medidas. Ya está bien de pamplinas y consideraciones con los acosadores de 16 y 17 años, aunque aún sean «menores», pero menores… ¿para qué?
Me encanta el comunicado de los compañeros del instituto exigiendo la expulsión definitiva de todos los responsables: «Esto no puede quedar impune, dicen, mientras amenazan con tomar medidas: Huelga, sentada, manifestación, lo que haga falta, a las puertas del instituto, hasta que expulsen a todos los involucrados. Lo de cinco días de expulsión parece una broma. Si esto se deja pasar, el que acabará teniendo que irse será la víctima y eso no lo aceptaremos».