León es la provincia con mayor extensión de monte público de España. Un dato que, lejos de ser anecdótico, define buena parte de su geografía, su historia y su identidad colectiva. Casi 800.000 hectáreas de montes comunales, heredados de una tradición de gestión vecinal centenaria, deberían ser hoy una de las grandes palancas de desarrollo rural, sostenibilidad ambiental y cohesión territorial. Sin embargo, la realidad es bien distinta: la gestión del territorio leonés no está alineada ni con sus ventajas geográficas ni con su estructura social tradicional.
Buena parte de estos montes son propiedad de las Juntas Vecinales, entidades locales menores que, sobre el papel, deberían decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos forestales. En la práctica, muchas de ellas carecen de medios técnicos, asesoramiento especializado y apoyo administrativo para gestionar de forma sostenible unos montes cada vez más complejos desde el punto de vista ambiental, normativo y económico. Se les exige responsabilidad, pero no se les proporcionan herramientas.
Esta carencia no es casual ni inevitable. Responde a una falta de iniciativa y compromiso por parte de la Junta de Castilla y León, que durante años ha tratado a las juntas vecinales como una anomalía administrativa en lugar de como lo que son: piezas clave de la gobernanza del territorio. En demasiadas ocasiones ni siquiera se las reconoce plenamente, se cuestiona su existencia o se las somete a una tutela excesiva que vacía de contenido su capacidad de decisión.
El resultado es un modelo disfuncional: montes infrautilizados, ingresos escasos e irregulares y juntas vecinales incapaces de convertir su patrimonio forestal en servicios para sus vecinos, empleo local o prevención eficaz de incendios. A este escenario se suma ahora la presión derivada de la llamada transición energética, que presenta la biomasa forestal como una solución rápida y aparentemente verde.
El problema, como advertía recientemente el físico leonés Antonio Turiel, es que esta apuesta puede derivar en una burbuja de la biomasa que impulse aprovechamientos intensivos, mal planificados y orientados al beneficio a corto plazo. Sin una gestión pública sólida y sin un papel activo de las comunidades propietarias, existe el riesgo real de que los montes de León se conviertan en simples yacimientos energéticos, degradados y empobrecidos.
La paradoja es evidente: una provincia con un patrimonio forestal extraordinario, con conocimiento local acumulado durante generaciones, se encuentra atrapada entre el abandono institucional y nuevas formas de extractivismo disfrazadas de sostenibilidad. Ni se apuesta por fortalecer a las juntas vecinales, ni se construye un modelo territorial coherente y justo. Si León quiere alinear su gestión del territorio con su geografía y su cultura, el primer paso es claro: reconocer, apoyar y capacitar a quienes históricamente han cuidado el monte. Sin juntas vecinales fuertes, informadas y acompañadas técnicamente, cualquier discurso sobre sostenibilidad será solo retórica.