La decadencia del sistema ferroviario español era ya un clamor mucho antes de que se produjese el accidente de Adamuz. El tren, particularmente la alta velocidad, que era nuestro orgullo internacional y que había cambiado la forma de viajar de los españoles, empezaba a perder viajeros por los retrasos e interrupciones sistemáticas, mientras los maquinistas –ahora vamos sabiéndolo– se hartaban de denunciar las deficiencias de las vías sin que nadie les hiciese el menor caso.
Ahora la prensa –esa que el Gobierno quiere silenciar y Marlaska se propone «monitorizar»– acude a las estadísticas, y nos informa de que España invierte un tercio en el mantenimiento de la red ferroviaria que Francia e Italia, países con menos kilómetros de alta velocidad que nosotros.
Y de la misma manera que los españoles sabían que nuestro sistema ferroviario se había deteriorado sensiblemente en los últimos años, también saben del lamentable estado de las carreteras. Los montes se queman porque ya nadie los limpia, riadas como la de Valencia se producen porque no se arreglan los cauces, y los trenes se retrasan –o descarrilan– porque quien tiene que hacerlo no invierte lo suficiente en el mantenimiento de las vías.
La obsolescencia de nuestra saturada red de distribución de energía eléctrica ha hecho que, en León, se hayan inviabilizado numerosos proyectos industriales, hasta el punto de que ya se está negando el suministro de energía eléctrica a proyectos de construcción de viviendas. En una provincia cuya producción de energía eléctrica es excedentaria.
¿Cómo es posible en un momento en el que la presión y la recaudación fiscal no han dejado de crecer? En primer lugar porque España no tiene Presupuestos desde 2022, y así no se puede gobernar, como decía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición; en segundo lugar, los miles de millones de los que sí dispone el Gobierno se destinan a comprar los votos de separatistas y proetarras que permiten que el Presidente duerma unos días más en la Moncloa; y en tercer lugar, lo poco que queda se dedica a obras que se adjudican mediante contratos amañados y con presupuestos inflados por las comisiones y coimas siempre vigentes en tiempos de socialismo. Es de Fomento, precisamente el ministro del PSOE que está en la cárcel, espero que no sea el último.