El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) parece una noticia lejana, pero es una reordenación comercial que alcanzará hasta al último agricultor de León. Aunque parezca un tratado de ‘moqueta’, la apertura de mercados y las cuotas arancelarias comprometidas tendrán efectos directos sobre precios, márgenes y la viabilidad de explotaciones pequeñas y medianas en nuestra provincia.
León siembra cereales de invierno (300.000 toneladas), maíz (900.000 t), remolacha (856.000 t), girasol (25.000 t) ... Ya solo Brasil y Argentina operan a una escala mundial con millones de toneladas de maíz, girasol y azúcar de caña. Esa desproporción más allá de la estadística, supone menores costes unitarios y una mayor capacidad exportadora que puede inundar mercados europeos y presionar los precios.
Para el agricultor leonés la consecuencia puede ser, nuevamente, dramática. Reducción de márgenes que sostienen la renta y el empleo rural. Explotaciones locales con unos costes históricamente rígidos, deberán elegir entre especializarse en nichos y nuevos productos agrícolas de calidad, integrar la cadena añadiendo valor (asignatura pendiente en León) o recibir apoyos para modernizarse (con el riesgo de perder competitividad ante ausencia de ayudas). Si no, la lógica del mercado acelerará la concentración de la tierra y la pérdida de tejido productivo. Menos agricultores, menos servicios y menos pueblo.
Hay además un problema de equidad regulatoria. La UE aplica requisitos ambientales y fitosanitarios estrictos. Si la reciprocidad no se verifica mediante controles en origen y trazabilidad real, la competencia será desigual. Productos cuyo coste no recoge daños ambientales producidos con insumos prohibidos en Europa, pueden entrar y abaratar mercados, trasladando la factura ambiental a terceros.
No hay que pedir proteccionismo ingenuo, sino normas que permitan competir en condiciones justas. El comercio puede ser palanca de modernización si va acompañado de salvaguardas automáticas ante sobresaltos de importaciones o caídas de precio, fondos temporales para acompañar la reconversión, programas de apoyo a la transformación local y al cooperativismo, y controles rigurosos en origen con sanciones creíbles.
En el capítulo de abonos y fitosanitarios la asimetría será notable y los insumos más baratos y menos regulados, reducirán el coste de cultivo en origen y el transporte a granel por barco abaratará aún más el producto final, compitiendo en precio y no en calidad.
La apertura puede convertirse en una reestructuración destructiva. Remolacha, cereales y maíz son particularmente vulnerables y podemos ver cómo cultivos protagonistas en nuestros campos, terminan desapareciendo. Defender al agricultor leonés no es cerrarse al mundo, sino exigir reciprocidad, transparencia y reglas que permitan competir en igualdad de condiciones, empujando al sector a modernizarse y agregar valor, en lugar de convertirse en sentencia para el medio rural.
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