Después de la aprobación de la Lomloe, el Ministerio de Educación se marcaba como objetivo dar un impulso al sistema educativo con la aprobación de una de las reformas que considera fundamental y prioritaria: la del acceso a la carrera docente, una norma que no se ha tocado en los últimos cuarenta años. A eso se comprometía la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, porque «la mejora del sistema educativo va a depender de que se acierte con esta reforma». A finales del mes de enero de 2022 propuso las célebres 24 propuestas para reformar la carrera docente. El Ministerio considera importante impulsar esta reforma porque entiende que la educación se enfrenta a retos que hacen necesario que el sistema, incluidos los profesores, esté en las mejores condiciones para afrontarlo.
Sólo un año más tarde, en enero de 2023, nos llega la noticia de que la reforma de la profesión docente no se aprobará al completo por el año electoral. Esta reforma llegará, pero poco a poco y por fases. Hace un año, el Ministerio de Educación estaba metido en otra guerra y tenía claro que para regular la formación, el acceso y el desarrollo de los profesores en España se necesita tiempo y no serían capaces de tenerlo antes de las elecciones.
En resumen, y dicho de otro modo, la nueva ley educativa aprobada en 2020, la Lomloe, estableció en su disposición adicional séptima un plazo de un año para que el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentase una «propuesta normativa» que regule la profesión docente. Justo antes de vencer esa fecha límite, Educación publicó su propuesta: un documento de 24 puntos en los que, entre otras cosas, se planteaba endurecer el acceso a la carrera de Magisterio, ampliar la duración del Máster y hacer obligatoria la «formación permanente» del profesorado. A principios del 23, con las elecciones autonómicas de por medio en el mes de mayo, el Ministerio ya tenía claro no daría tiempo a aprobarse íntegramente. «Se avanzaría, pero no se cerraría». La reforma para la mejora de la profesión docente siempre ha sido una asignatura pendiente para los ministros de Educación de todo signo político. Ahora que el Ejecutivo de Sánchez ha tenido tiempo de modificar la educación en todas sus etapas con la ‘Lonloe’ (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato), ‘Losu’ (en universidad), ‘Ley de Enseñanzas Artísticas’ (para conservatorios) y Ley de ‘FP’. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, asegura que «esta es la legislatura del profesorado».
Uno de los primeros puntos que estará sobre la mesa de negociación será el de los incentivos y mejoras salariales para los docentes, poque el Gobierno considera necesario abordar este asunto, ya que los profesores españoles están entre los que tienen los sueldos más altos de la OCDE en términos de poder adquisitivo cuando comienzan su actividad profesional, pero, sin embargo, apenas tienen incentivos que mejoren su retribución a lo largo de su carrera. De lo que se trataría ahora, según el Ministerio, es de garantizar la mejora de salarios de los docentes de España.
Estas mejoras de sueldo vendrán vía incentivos en función del rendimiento de los profesores, tal y como refleja la propuesta del Ministerio, en la que se propone «reconocer el buen desarrollo profesional docente. El desarrollo profesional deberá recoger, no solo la formación permanente realizada, sino también las valoraciones superadas en los procesos de evaluación y los puestos desempeñados, entre otros aspectos, configurándose en un sistema que contemple las diversas posibilidades de la carrera docente ligado a las retribuciones complementarias». Una propuesta demasiado abierta, abstracta e imprecisa.
Otra mejora importante es fomentar la estabilización de los docentes y la reducción de los interinos. Aquí, como en muchas otras ocasiones, se ha adelantado Castilla y León. Por primera vez en esta comunidad coincidirán las oposiciones para el Cuerpo de Maestros con el concurso de reposición de otros cuerpos docentes como Secundaria para dar mayor estabilidad laboral a los docentes de la Comunidad a la vez que reducir el porcentaje de interinidad hasta el 8 por ciento para el próximo curso. Será en el mes de junio como ha prometido la consejera Rocío Lucas. La movida es muy fuete poque se esperan más de 25.000 opositores. El proceso afectará a 24 especialidades de Secundaria y a tres del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. La convocatoria se publicó en diciembre. La presentación de solicitudes se realizó después de las vacaciones de Navidad. Se conocen ya las provincias en las que se realizarán las pruebas y la distribución por especialidades de las 1.217 plazas convocadas: En Secundaria, 190 son de Matemáticas, 145 de Lengua Castellana y Literatura, 105 de Inglés, 95 plazas de Física y Química y de Geografía e Historia. Biología y Geología 85 plazas; Orientación Educativa 75 y Tecnología 60.
La convocatoria coincide con la del Cuerpo de Maestros. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 22 de diciembre. Los opositores podrán optar a 476 plazas de siete especialidades: 192 plazas de Educación Primaria, en León; 26 de Pedagogía Terapéutica, en Ponferrada; 66 de Inglés y 52 de Educación Física, en Zamora; 24 de Música en Soria; y 103 de Educación Infantil en Salamanca.
Esta propuesta ya no se anda por las ramas, es real, concreta y precisa. Con número de plazas, fechas y ciudades para cada asignatura. De las mejoras de sueldo en función del rendimiento de los profesores, «ya hablaremos».