Por fin en algo coincidimos la inmensa mayoría de los habitantes de nuestra España cainita. El uso que los jóvenes hacen de las redes sociales no es el más idóneo, aunque sería más certero decir que el uso que hacen las redes sociales de los jóvenes está generando un problema muy grave. Aunque sea triste reconocerlo, las redes sociales ya no son una herramienta a nuestro servicio, sino que nosotros somos su herramienta. Puede parecer una reflexión distópica, pero es la realidad.
Por esta razón, el anuncio de Pedro Sánchez de prohibir por ley el acceso a las redes sociales hasta los 16 años ha tenido una muy buena acogida, aunque no por ello debemos obviar ciertos aspectos. Nadie puede dudar de que, como sociedad, tenemos un problema y de que hay que actuar. Donde sí puede haber ciertos peros es en el cómo. Si estamos de acuerdo en que este problema existe, sería lógico pensar que las medidas a adoptar se debatirían previamente con el Ministerio de Juventud, pero no ha sido así. O al menos eso se desprende de las palabras del ministro Ernest Urtasun cuando le preguntaban sobre este anuncio y mencionaba al ministerio de su compañera de Sumar, Sira Rego: “en esto quiero ser prudente. Acabamos de conocer la propuesta y esperaremos a que el Ministerio de Infancia lo estudie”.
Entre las medidas está hacer un seguimiento de las diferentes redes sociales para cuantificar su huella de odio y polarización. La clave está en determinar qué organismo se encargará de ello y si sus integrantes serán elegidos por el Gobierno o si serán expertos independientes. Ya saben, corremos el riesgo de que una lucha necesaria se convierta en una excusa para coartar ciertas libertades.
Ojalá se llegue a un acuerdo entre todas las partes y se apliquen las medidas correctas, pero no podemos omitir que, como sociedad, hemos fallado. La necesidad de regular por ley el acceso de los jóvenes a las redes sociales es consecuencia de que, como padres, no hemos estado a la altura. Hemos fallado estrepitosamente en nuestra obligación de educar a nuestros hijos y, lo que es más importante, en controlar sus conductas y poner ciertos límites. Delegar en el Estado la necesidad de regular lo que pueden o no hacer nuestros hijos demuestra una dejación de funciones por nuestra parte imperdonable.
No hace falta ser un iluminado para saber que cuanta mayor regulación tenga que imponer un Estado, menor libertad individual tendremos sus ciudadanos. Como sigamos así, llegará el día en que nos prohibirá tener hijos por nuestra nula capacidad para educar a nuestra prole.