Podría parecer que después de ochenta y ocho años del inicio de la Guerra Civil, cuarenta y nueve de la muerte del dictador Franco y cuarenta y seis años de la aprobación de la Constitución Española ha pasado tiempo suficiente para legislar en frío sobre la España del siglo XX. Podría parecer que más de cuatro décadas después de la Transición, que fue reconciliación y progreso, nuestro país estaría preparado para redactar una norma de todos y para todos que fuera el final definitivo, la verdad jurídica y democrática, sobre aquellos capítulos oscuros y fratricidas.
Le podría parecer a cualquiera que no habite la España de la última década y viva con preocupación el progresivo aumento de las trincheras ideológicas que ha impulsado sin disimulo la clase política. Eso que a diario llamamos de forma manoseada polarización y crispación es una manera de hacer política empeñada en recuperar los bandos irreconciliables porque el sentimentalismo y señalar enemigos suele dar más votos que los esfuerzos de concordia y de buena gestión.
Es imposible ninguna ley sobre las Repúblicas, Guerra Civil y dictadura franquista en este momento. Supone legislar en caliente, tan caliente como si siguieran tibios los cuerpos perdidos en las cunetas, los amontonados bajo paredones y los enterrados en el exilio. Los partidos utilizan un revisionismo partidario que no permite la reconciliación porque el poso de cada párrafo es culpar y calificar al adversario. El resto es metralla y patrañas se llame Ley de Memoria Democrática del gobierno progresista o Ley de Concordia y la impulsen PP y Vox en Castilla y León. Ambas (y cualquier otra) son normas arrojadizas para adoctrinar e imponer con mayorías parlamentarias su versión de la historia. Así que, aunque nos pese y suponga un déficit democrático, lo razonable es seguir esperando. Llegará un día en que España pueda legislar en frío y no es hoy. Será el día en que nadie busque vencer y humillar del título a los anexos.