Uno de los ámbitos de aplicación es la vivienda. El acceso a un alquiler es muy complicado y en nuestra ciudad no es una excepción; altos requisitos económicos, seguros… y si encima le sumas pertenecer a una minoría apaga y vámonos. El articulado estipula la prohibición de denegar el alquiler a una persona por su mera pertenencia a una minoría o grupo vulnerable. Esta norma la veo necesaria, y por supuesto, es un gran avance que la legislación contemple este tipo de situaciones con el fin de combatirlas, pero, bajo mi punto de vista, no sé yo si va a tener mucho recorrido.
El principal conflicto se da con el derecho a la propiedad privada, realmente, el ordenamiento jurídico no puede obligar a un propietario a alquilar su vivienda a alguien que no quiere, porque entra en conflicto con su libertad de elección. Imaginémonos que un afrodescendiente busca piso y el propietario le dice que no quiere alquilar a extranjeros. Según esta ley, si se dan indicios suficientes, será el arrendador el obligado de probar que no ha habido discriminación, y en caso de no poder hacerlo, se le impondrá una multa (si es que ya está creado el órgano). ¿Qué pasa en aquellos casos en los que hay dos personas interesadas y por razones no discriminatorias tienes más ‘feeling’ y decides firmar el contrato con la no perteneciente a la minoría? No es fácil probarlo.
Con esta medida se pueden conseguir dos resultados: el primero de ellos, sensibilizar y conseguir que en futuras ocasiones no vuelva a actuar de manera discriminatoria, que ojalá sea la que prime; o el segundo, que a los propietarios no les cale el mensaje y fin de la norma y decidan no poner de manera pública la oferta de alquiler o hacerlo solamente entre su círculo de conocidos y gente de confianza, lo que conllevaría una disminución en los alquileres disponibles y no acabar con el racismo, sino agravar las situaciones de vulnerabilidad.
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