“Que la justicia haga justicia”, clamaba el presidente del Gobierno la pasada semana, en referencia al procesamiento de su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Yo también reclamo que la justicia haga justicia con algunos terroristas de ETA y con sus víctimas. Están saliendo a la calle por la puerta trasera.
Entiendo las filigranas y el equilibrismo extremo que ejerce el Gobierno para aguantar el sillón, pero no tengo dudas sobre la inconveniencia de ceder continuamente competencias del Estado a los de siempre a cambio de votos. No comparto en absoluto que reclusos de ETA con múltiples asesinatos a sus espaldas, con cientos de años de condena y sin haber cumplido un mínimo de prisión, salgan de 8:00 a 22:00 horas todos los días porque interesa políticamente a algunos dirigentes de determinados partidos. Más aún en el caso de asesinos que ni han manifestado el más mínimo arrepentimiento por sus crímenes.
No discuto la legalidad de que en los últimos cuatro años hayan dejado el talego 116 presos de ETA con delitos de sangre, pero sí que ‘prendas’ de la talla de los alias Gadafi, Txeroki, Parot o Amboto estén tomando vinos por ahí, mientras sus víctimas yacen en los cementerios y los familiares se tienen que esconder porque no está de moda criticar estas discutibles medidas de gracia que aplica una consejera socialista dentro de un gobierno nacionalista del PNV.
Particularmente sangrante es el caso de Amboto, una de las jefazas de ETA, con 14 muescas en su revolver, que después de cumplir condena en Francia por delitos allí cometidos, apenas ha permanecido siete años de reclusión en España de los casi ochocientos a los que fue condenada. Sin el más mínimo pudor, se ha retorcido la interpretación de la ley para beneficiarla. He vivido en persona demasiados funerales como para no alzar la voz.