Estamos en la primera semana de curso, aún sin alumnos, pero importante para el profesorado sin plaza definitiva en el centro. El tema de los interinos está en plena vigencia. Todo tiene su origen en el objetivo marcado por la Comisión Europea de que la tasa máxima permitida de trabajadores temporales en relación con el total de empleados públicos en España no puede superar el 8 %. El gobierno toma nota y en la Ley 20/2021 se comprometió a no superar este 8 % antes del 31 de diciembre de 2024. Estamos en 2025, han pasado cuatro años y el problema sigue igual. La Comisión Europea sigue vigilando esta situación y ahora ha cambiado su tono y ya habla de sanciones. El día 7 de julio la comisión Europea decidió suspender a España el desembolso de 626 millones de euros de los fondos europeos NextGen por incumplir uno de los hitos clave del Plan de Recuperación tras la pandemia: disponer de una ley que contenga sanciones efectivas contra el abuso de la temporalidad en el empleo público, al considerar que la Ley 20/2021 «no es una herramienta efectiva». El problema con los interinos en España radica en la temporalidad prolongada de sus contratos, lo que genera inseguridad laboral y discriminación respecto a los funcionarios de carrera. La Unión Europea ha instado a España a solucionar esta situación. Nos dan una última oportunidad. El Gobierno tiene seis meses de plazo para enmendar el problema. Lo que exige Europa para dar por cumplido el hito 144 del Plan de Recuperación (un plan que ha desembolsado de las arcas comunitarias una de las mayores bolsas de fondos de la historia para los Estados miembros) y entregar a España esos millones es que el Estado español disponga de una norma capaz de reducir la tasa de temporalidad en el empleo público. ¡Vaya papeleta! Nos jugamos mucha pasta. En mi opinión lo tenemos muy crudo para remediar en seis meses el problema crónico y ‘enquistado’ de los interinos públicos. Sólo la magia o un milagro. ¿Por qué? Explicaré las razones por las que yo creo que es muy difícil solucionar el problema de los interinos en España. Hablaré solamente de lo que yo conozco, es decir, de los interinos en el mundo de la educación. Considero importante marcar la diferencia entre un interino y un sustituto, que radica en la naturaleza de su contrato y la causa de su nombramiento. Un interino ocupa una plaza vacante de forma temporal, hasta que se cubra de forma definitiva, mientras que un sustituto cubre la ausencia temporal de un trabajador que tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo. El objetivo es reducir hasta el 8 % el elevado porcentaje de docentes interinos que lastra la enseñanza pública española y que los sindicatos estiman en un 30 %. Esta tasa de interinidad es muy diferente entre unas comunidades y otras. Según el último informe publicado por Comisiones Obreras, pasamos del 16,3 % en Galicia y el 19,6 % en Andalucía, al el 43,4 % de Euskadi y el 40,2 % de Aragón.
Lo ideal sería que todas las plazas docentes fueran ocupadas por un profesor titular y que solo en casos extraordinarios fuera necesario echar mano de algún interino o sustituto. Opino que para llegar a eso el Ministerio de Educación debe de ponerse serio y dejarse de pamplinas con los interinos. Parece que Europa nos está obligando a hacerlo. El profesor titular pasa un calvario hasta conseguir su plaza favorita: Superar unas oposiciones complicadas, pasar unos años rodando por los pueblos más perdidos de España. En su primer destino no deshacen las maletas esperando el concurso de traslados para conseguir algo mejor. Algunos lo consiguen pronto, pero he conocido compañeros que han pasado media vida hasta conseguirlo. Sin embargo, algunos profesores que se apuntan a la bolsa de trabajo, al terminar su carrera, se olvidan de las oposiciones y prefieren la interinidad, acumulando puntos para conseguir la mejor plaza. El único requisito era presentarse a las oposiciones, aunque solamente entreguen el examen en blanco. Me gustaría que los lectores conozcan este dato: Se calcula que en las últimas oposiciones la mitad de los candidatos abandonaron las pruebas y un 20 % de las plazas convocadas quedaron desiertas.
La picaresca en este mimo incomprensible a los interinos ha llegado a los periódicos catalanes el 22 de julio: «El subdirector general de plantillas, provisión y nóminas, Enric Trens, ha sido cesado tras reservar, sin autorización y de manera unilateral, 878 plazas destinadas a interinos que, por ley, deberían haberse convertido en plazas para funcionarios. La consellera Esther Niubó no ha dudado en calificar esta acción como ‘inadmisible’ y ha anunciado que se abrirá un expediente informativo para esclarecer todos los detalles y evaluar posibles sanciones disciplinarias». Nuestro aplauso a la consejera. Posiblemente ahora ya entendamos «por qué Europa nos achucha».