Dicen plumas optimistas que así los electores tendremos de nuevo la palabra. ¿Qué palabra? ¿Por la que, en las urnas, delegamos nuestra supuesta soberanía? ¿Y… de qué sirve tan rimbómbate afirmación constitucional si después la aristocracia electa la somete a los intereses de unos pocos y, en el mejor de los casos, de unos pocos más, pues, según los datos de afiliación nacional partidos por ellos mismos suministrados –posiblemente hinchados–, ésta no iría nunca más allá del millón y medio de afiliados en total? Cuando leo tales optimismos dudo entre preguntarme a quién sirve tal cinismo periodístico o entregarme directamente a la coprolalia que, confieso, es lo que más me pide el cuerpo. Mas, por educación y cortesía, he optado por revestirme leve, como manda proporción, de soberano y ver por dónde se podría recriminar tan manifiesta inutilidad a la ‘clase’ política.
Si en verdad fuesen servidores públicos –en puridad son nuestros interinos empleados públicos– y no ‘clase’, quizás les podríamos aplicar el Estatuto básico de tales y sancionarlos por falta muy grave, ya que son notorios, tanto la adopción –por omisión– de acuerdos que, si bien no ilegales, sí causan perjuicio grave a la Administración y a los ciudadanos, como su incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas, entre ellas la elección de Presidente del gobierno (Artº 99 de la Constitución). Si los consideramos por lo privado, dada la tendencia privatizadora de lo público, nos podríamos ir al despido disciplinario toda vez que el trabajador –perdón por el símil, es cita textual– ha incumplido sus obligaciones laborales de forma grave.
Qué cuál es mi emoción, entre ira y tristeza; que a qué me conmueven, a la depresión política, al exilio interior, mas también a una mayor reivindicación del concepto de ciudadano y de ciudadanía. ¡Patriotas!
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