Desde el 2020 existe en nuestro país el Ingreso Mínimo Vital, una prestación social a nivel estatal no contributiva que busca que todos los hogares cuenten con una cantidad económica mínima para poder hacer frente a las necesidades vitales. El criterio fundamental que se tiene en cuenta para concederla es el nivel de renta de la unidad familiar.
Esta propuesta vino en tiempos de covid, de la mano de otras medidas de carácter social. En aquellos tiempos, ya existía una prestación de la misma naturaleza, pero autonómica. La intención obviamente era positiva, pero a mi parecer, se hizo deprisa y corriendo y no se tuvo en cuenta multitud de variables que han dado, están dando y darán conflictos e incoherencias.
El primer problema es que se tiene en cuenta los ingresos del año anterior. ¿Esto qué implica? Que si una persona ha trabajado el año anterior media jornada y este año no cobra nada, no tendrá derecho a percibirla.
Ah, y si se ha cobrado alguna ayuda de emergencia, la cual se recibe por estar en una situación sobrevenida de extrema necesidad, también será tenida en cuenta y reducirán la cantidad a percibir.
Otra cuestión a resaltar es el tiempo de resolución. Supuestamente tienen hasta 6 meses para contestar, pero la realidad es que el plazo se agota. Esto en la solicitud inicial, porque cuando se trata de resolver el recurso, la realidad es que tarda mucho más. Soy conocedora de una familia con tres menores que han estado un año entero cobrando 100 euros al mes por un error de la administración; error que es resuelto solamente en vía de recurso y que no tiene prioridad ninguna.
Cuando nace un nuevo miembro en la familia o cuando alguno se independiza, lo lógico es que una vez comunicado, al mes se autorregule, ¿no? Pues aquí han suspendido la prestación y han obligado a solicitar una nueva con lo que todo ello implica.
Por supuesto, todas estas incoherencias han sido comunicadas, a pesar de no ser las únicas, y se han trasladado quejas, pero a día de hoy, siguen causando grandes problemas a las familias vulnerables. Que se dieran al poco de estar vigente tiene un pase, pero que tres años después persista, es inaceptable.
¿Enserio esto asegura que las personas tengan un mínimo para vivir?