El lío con la gestión del Gordo de Navidad en Villamanín, donde la comisión de fiestas vendió más papeletas de las consignadas, quedando en el aire la entrega del premio, sirve para reflexionar sobre aspectos económicos sin tomar partido. Los hechos no están cerrados, es comprensible la sensibilidad de las distintas posiciones y parece probable una vía judicial.
Más allá del conflicto local, hay un término que condiciona todos los escenarios: la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Con el tiempo una unidad monetaria compra menos bienes y servicios. Es habitual oír hablar a la gente de «inflacción», un desliz fonético que evidencia la distancia entre el lenguaje cotidiano y los conceptos técnicos.
En la economía familiar la inflación encarece la cesta de la compra, erosiona los ahorros y fuerza reajustes. Se distingue entre inflación general e inflación subyacente; las cifras oficiales suelen moverse entre el 2% y el 3% anual, aunque la percepción doméstica suele ser de mayor impacto.
Para ilustrar, tomemos una papeleta premiada con 80.000 € y una quita colectiva pactada del 5% (4.000 €). Si se reparte de inmediato, el poseedor cobraría 76.000 €. Aplicando la retención del 20% sobre la parte que exceda de 40.000 €, Hacienda practicaría una retención de 7.200 €, con un neto a percibir de 68.800 €.
Si el caso se judicializa y el cobro se demora cuatro años, dos efectos cambian la ecuación. Por un lado, la inflación y por otro, los costes procesales que podríamos cuantificarlos razonablemente en el 10% sobre el premio. Unos 8000€.
Con esas cifras, el importe neto a cobrar dentro de cuatro años serían unos 68.000€, sin olvidar la retención a aplicar sobre el total del premio percibido, lo que dejaría un neto en el momento del cobro de unos 60.800 €. Si llevamos ese importe a euros de hoy (descontando la inflación acumulada del periodo), su poder adquisitivo sería aproximadamente 54.300 €. Además, existe un coste de oportunidad: si quien dispone hoy de 68.800 € lo invirtiera con una rentabilidad conservadora del 3% anual, en cuatro años obtendría unos 77.400 €. La comparación muestra que la espera y la inflación (tras honorarios y retenciones), suele penalizar notablemente al beneficiario.
No se trata de predicción judicial ni de asesoramiento personalizado, sino de una herramienta numérica para comprender magnitudes. En disputas que paralizan cobros conviene que las propuestas incluyan desde el inicio cifras transparentes como el porcentaje de quita, estimación de gastos legales y mecanismo de actualización por inflación, para que los afectados valoren con criterio económico.
Villamanín es, además de un conflicto local, una lección práctica sobre el coste del tiempo para el dinero. Exigir transparencia no es un tecnicismo, es proteger el patrimonio de familias que, de otro modo, verán cómo la demora, los gastos y la inflación reducen el valor real de un premio que, en términos nominales, parecía mucho más goloso.