Es delicado, difícil y arriesgado meterse en el avispero y la polémica sobre la vestimenta de los alumnos en los centros escolares. Pero no podemos cerrar los ojos y hacernos «los suecos» porque el debate está en la calle. El ABC, el mes pasado, se implicaba en este tema con un artículo titulado: «Dos profesoras contra el hiyab en las aulas: ‘Protejamos a las niñas’». Todo empezó en las redes sociales donde se viralizó un vídeo de unas estudiantes musulmanas y españolas de tres centros públicos madrileños manifestándose contra la prohibición de usar el hiyab (velo que cubre la cabeza y el cuello) en sus institutos. Las direcciones justifican que es para liberar a las adolescentes y apelan a «la laicidad e igualdad del ordenamiento jurídico español». Las estudiantes afectadas se movilizaron a través del ‘TikTok’ con un mensaje rotundo: «Mi hiyab es mi libertad, mi identidad». La Consejería de Educación de Madrid replicó al hecho de forma breve: «La vestimenta es competencia de cada institución educativa». Estamos desenterrando el debate público de un asunto que lleva soterrado en la sociedad española más de una década. Dos profesoras de la Universidad, Sonia Sierra y Elena del Pilar Ramallo, enviaron a grupos parlamentarios del Congreso una iniciativa para modificar la regulación del uso del hiyab en ámbitos educativos y del burka en espacios públicos. «Son símbolos de sumisión de la mujer, de restricción de su libertad y potencial vulneración de derechos humanos». Sierra y Ramallo plantean la modificación de la ley orgánica 2/2006 de Educación para introducir la prohibición «de prendas que cubran total y parcialmente la cabeza», como el hiyab en los centros educativos y la ley orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana para eliminar el burka de todos los espacios públicos de territorio nacional. Además, las profesoras solicitan al Gobierno central que se pronuncien y adopten medidas. Por el momento, ningún ejecutivo tiene intención de hacerlo y únicamente el Ministerio de Educación se limita a responder que «son los centros y las comunidades los competentes para ello». Queda claro que aquí, en España, nadie «se moja» en este tema tan delicado y problemático y todos «se lavan las manos» pasando toda la responsabilidad a los centros educativos, porque ellos son los únicos que, hasta hoy, tienen esta competencia. Elena Ramallo y Sonia Sierra envían una iniciativa legislativa al Congreso para regular el uso del velo, como en Francia. Los dirigentes galos sí están dispuestos a «mojarse en este tema».
Macron lo resume de este modo: «En nuestra sociedad, una minoría religiosa pretende imponer sus convicciones, desafiando uno de los fundamentos de nuestra República, la laicidad en la escuela y la vida pública. El uniforme escolar pudiera imponer una norma común. Puede percibirse como una medida disciplinaria, pero, en el fondo, intentamos combatir un problema de gran calado». Francia experimenta con el uniforme en colegios públicos para combatir el separatismo islámico. Un centenar de las 48.220 escuelas de Francia se disponen a ser las primeras en experimentar el uso del uniforme escolar, cuyo uso obligatorio pudiera ser efectivo a partir del curso 2025/2026, si la evaluación es positiva. Se trata de un proyecto personal del presidente Emmanuel Macron, con un objetivo «disciplinario» relativamente modesto y un objetivo político muy profundo: «combatir el separatismo islámico».
Son muchas las preguntas sobre los límites a la indumentaria del alumnado en los colegios o institutos en España.
En mi opinión, necesitamos conocer tres premisas para entender la polémica de la vestimenta de los alumnos en los centros escolares. 1ª premisa: no contamos con legislación estatal sobre este tema. Mientras en Francia los directores de los centros educativos se sienten protegidos por una ley que les ampara en cualquier actuación complicada, en España las autoridades se desentienden de este tema y pasan toda la responsabilidad a los centros educativos. 2ª premisa: los centros privados tienen la ventaja de poder establecer sus propias normas sobre vestimenta. Incluso pueden imponer un uniforme para los alumnos, algo que ya ocurre en el 90 % de los casos. Mientras que en la enseñanza pública los uniformes son escasos o nulos. 3ª premisa: es en estos centros públicos donde suelen aparecer los problemas raros de convivencia en cuanto a la vestimenta de los alumnos. Hasta hace diez años, en la pública, marcábamos unas pautas de indumentaria prohibida, y alumnos y padres las respetaban: aspecto limpio y aseado, no usar viseras ni gorras o capuchas dentro del recinto escolar, no permitir bañadores o exhibición de ropa interior o camisetas con mensajes de carácter sexual o racista. Cuando los profesores corregíamos a un alumno por alguno de estos casos, ellos lo entendían y nos obedecían con respeto.
El problema es que ahora, tanto alumnos como padres, se preguntan si pueden ir al colegio vestidos como quieran y no aceptan las restricciones y normas que el centro exige. Y, por supuesto, en caso de conflicto los directores se encuentran solos y sin armas para exigir las normas que el centro ha acordado.