El impuesto de la distancia

El precio del petróleo cotiza en clave geopolítica al son de las noticias y ‘contranoticias’ que parten desde el Kremlin, la Casa Blanca o Zhongnanhai, pero se termina pagando por parte de la renta disponible familiar. Con el petróleo (Brent) consolidado en los 105 dólares por barril, tras alcanzar los 118 durante la escalada bélica en el estrecho de Ormuz, la subida termina llegando al surtidor y, con ella, a los hogares. Para los que nos dedicamos al asesoramiento, la fluctuación del crudo es un porcentaje en nuestros terminales financieros. Para la economía del día a día, sobre todo en el entorno rural, es una merma de renta y competitividad. Ahí aparece el ‘impuesto de la distancia’. Una penalización económica silenciosa, no legislada, que sufren los hogares rurales porque sustituir el coche o la calefacción de gasóleo no es siempre una decisión de consumo. Muchas veces, ni siquiera es una opción.

Aunque el precio final incorpora impuestos, refinado y distribución, el efecto se agrava donde hay pocas alternativas. En Castilla y León, buena parte del territorio rural mantiene una dependencia estructural del vehículo privado y, en determinados hogares, del gasóleo para calefacción. En León, el precio medio del gasóleo C se sitúa sobre 1,745 euros por litro, frente a 1,736 en el conjunto de la comunidad. Un incremento interanual del 56 % convierte una compra que antes podía planificarse en una factura difícil de absorber.

Pensemos en una vivienda unifamiliar de las zonas frías de León o Palencia. Un consumo de entre 1.000 y 1.500 litros por temporada supone, a esos precios, entre 1.745 y 2.617 euros. Llenar un depósito de 1.000 litros exige ya disponer de 1.745 euros de golpe. No hablamos de un gasto superfluo que pueda aplazarse, es mantener la casa habitable durante el invierno.

A ese coste térmico se añade el de la movilidad. La edad del parque de vehículos de provincias como León es elevada y, cuanto más antiguo es el automóvil, mayor suele ser su consumo. Pero el problema no es únicamente tecnológico. En muchos municipios rurales, recorrer más kilómetros no es una elección, es la consecuencia de vivir lejos del centro de salud, del instituto, del supermercado, de la administración o del trabajo.

Ahí está la verdadera desigualdad energética. En una ciudad, el petróleo caro puede ser un problema, en nuestros pueblos, es un coste fijo de supervivencia. El ciudadano urbano puede disponer de transporte público, compartir desplazamientos o sustituir parcialmente el coche. El rural, dependiendo de dónde viva, puede no tener ninguna de esas alternativas.

El ‘impuesto de la distancia’ no figura en ninguna ley ni aparece en ninguna nómina, pero se paga cada vez que hay que llenar el depósito, encender la calefacción o recorrer treinta kilómetros para hacer lo que en una ciudad está a diez minutos.

Construir tu proyecto de vida en el entorno rural no debería convertirse en un peaje permanente para vivir, trabajar y mantener población en el territorio.