Fumus boni iuris

Uno de los rasgos que más distingue a la ultraderecha (y cada vez más a la derecha) es el cuestionamiento de las elecciones democráticas; de la propia democracia, por tanto. A Trump o los abascales de aquí las elecciones les huelen a amaño, a fraudes que no demuestran pero denuncian. Y en buena lógica argumental y consecuente, cabría corregir sus resultados o, llegado el caso, prescindir de ellas, cosa que ya ha sugerido el delincuente presidente de los Estados Unidos.

No deja de ser curioso, en particular, que esas derechas hayan ganado o ganen elecciones limpias y las que pierden o pueden perder no lo sean. Así el Partido Popular, inscrito en el club de la insidia, ignora las elecciones autonómicas y municipales que ganó para centrarse en las estatales, que, por cierto, también ganó, pero sin suficiente margen. Solo son limpias si las ganan. Y por goleada.

Another Brick in the Wall acaba de colocar el Tribunal Supremo, negando cautelarmente el derecho a votar a unos cientos de miles de españoles por iniciativa, precisamente, de Vox y de Iustitia Europea, otro partido de cuño ultra. Uno de los argumentos encaja como guante en el prontuario mencionado: podrían alterar el resultado electoral. Ole. Como si los votantes desvalijados no formaran parte legítima de ese resultado, como si un solo votante no lo alterase, como si esa alteración pudiera, según extrañas averiguaciones del tribunal, favorecer a uno (malo) en lugar de otro (bueno). Eso es una bola mágica y no la de la bruja Avería.

A lo largo de la historia el voto le ha sido hurtado a numerosos colectivos, siempre por razones de monopolio del poder y marginación racial, sexual o económica. Ahora, cautelarmente, se le niega a quienes hubieron de dejar el país a causa de la falta de democracia. Una falta reeditada por iniciativa de los herederos de quienes la propugnaron.

En los últimos tiempos los señores del poder judicial se hartan de repetirnos que no debemos criticarlos, sobre todo el propio gobierno, tal si habitaran en el multiverso de la impunidad, amparados por a saber qué diosecillo corporativo. Se permiten recordarlo en todo foro público mientras en los privados muchos de ellos revelan un partidismo que cae siempre del mismo lado o encausan y sentencian con manifiesta parcialidad, o algo que se le parece mucho según la mayoría demoscópica de los ciudadanos, sospechosos de una tendenciosidad que no debe comentarse y ha de ser presuntísima, por supuesto.

Argumento de cualquier medida cautelar es el fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho, que concede al cuestionamiento de una norma la supuesta posibilidad de ajustarse a derecho. Quizás no sería mal momento para que, como otros gremios, emplearan un poco de didáctica para permitirnos entender, sin la arrogancia usual, por qué muchas decisiones desprenden un humo muy negro y, como esta, huelen al azufre de la discriminación ideológica.