Si una fuera supersticiosa podría pensar que el Tribunal Supremo escogió deliberadamente el 20 de noviembre para adelantar su condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ese día no es cualquiera, simboliza el aniversario de la muerte de Franco. No es sólo una coincidencia cronológica, es un gesto cargado de significado. Porque, aunque el dictador ya no manda, su sombra parece seguir presidiendo nuestros tribunales.
Este fallo no huele a justicia, tiene aroma a política, a revancha, a ‘lawfare’ de manual. No es lo mismo investigar la culpabilidad con pruebas sólidas que dejar una causa cargada de dudas y condenar de todos modos, como si bastara con la sospecha y una voluntad firme para tumbar al adversario. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido: el Supremo ha adelantado el fallo –sí, ha anunciado condena– sin ni siquiera redactar la sentencia formal.
Cinco magistrados opinaron que sí, dos dijeron que no. Eso demuestra lo dividido que está el alto tribunal: no es un tribunal de una sola voz, sino un ring político donde las decisiones se toman con un pie en la ley y otro en la ideología. Renombrados juristas ya advierten de «incertidumbres y excepcionalidades» en el procedimiento.
Pero más allá de los números, el contexto político es explícito. El origen del caso es un bulo lanzado desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Resulta que Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, admitió en sede judicial que inventó su historia para sembrar dudas sobre la Fiscalía: reconoció que filtró un correo, manipuló su contenido, y afirmó que había «órdenes de arriba» que frenaron un acuerdo con el novio de Ayuso. Los mensajes de Whatsapp que él mismo aportó desmontan su versión: sabía que el pacto era propuesto por la defensa, no por la Fiscalía. Y aquí está lo conmovedor: el Fiscal General, para rebatir el bulo, decidió publicar una nota de prensa aclaratoria. Según su defensa y el testimonio de numerosos periodistas, los correos ya estaban en circulación, así que lo suyo no fue filtrar, sino desmentir lo falso. Pero el tribunal decidió que, incluso con esas explicaciones, se rompe el código penal; lo inhabilita, lo multa y le exige una indemnización de 10.000 euros. Ya hay quienes dicen que esto es un castigo ejemplar… pero no para el que propagó el engaño, sino para quien lo desenmascaró.
¿Y eso no se llama justicia politizada? ¿O simplemente llamamos «justicia» a lo que conviene a los que tienen poder para juzgar? Porque si sólo basta con indicios para condenar a un fiscal, ¿Qué garantías hay para la ciudadanía?
Y, haciendo memoria oscura, no es la primera vez que esto pasa: recuerdo el caso de Garzón, primer condenado de la trama Gürtel, un golpe duro, aunque luego fue exonerado. En modo déjà vu, condenamos primero y veremos después si era justo hacerlo.
La maniobra no es neutra: tiene carácter político. Está claro que no es sólo un tema judicial, sino una estrategia consciente de la derecha más reaccionaria, de esa que exhala nostalgia franquista cada vez que tiene ocasión. El mensaje es aterrador: si un fiscal general puede ser derribado con un bulo difundido por medios amigos, ¿qué impide que otras personas –más vulnerables– sean atacadas igual? «El que pueda hacer que haga» empieza a sonar a sentencia de muerte dictada por poderes ocultos pero conocidos, rendidos a importantes intereses con la complicidad de cierta parte del actual establishment.
Y ese debilitamiento institucional no ocurre en el vacío. Es un golpe de efecto contra un gobierno legítimo que ha intentado poner algo de orden en el Poder Judicial. La ciudadanía mira y siente desamparo: ¿qué garantías tengo cuando un delincuente confeso no es condenado, y quien sí es condenado es alguien que se ha probado que no ha filtrado, pero al que se castiga por haber desmentido una mentira?
Sí, es inquietante, la justicia, en vez de ser faro, se convierte en arma. Y todos vemos las cicatrices de una transición fallida, Franco murió, pero sus ecos resuenan en los tribunales. Esta columna no es sólo una queja, es un aviso. Y si no reaccionamos, lo que está en riesgo es la misma democracia cuando apenas acaba de cumplir los 50.