En un momento en el que muchas potencias optan por endurecer sus políticas migratorias y levantar muros legales frente a los migrantes, España abre un camino distinto en uno de los expedientes más sensibles, con una iniciativa excepcional para regularizar la situación de alrededor de medio millón de migrantes en situación irregular que residen en el país.
Esta medida, anunciada por el Gobierno español, no puede entenderse al margen de las necesidades económicas ni de las transformaciones sociales derivadas de años de dependencia silenciosa de la mano de obra migrante en sectores clave. Según lo establecido, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá a principios de abril y se cerrará a finales de junio, un margen que no supera los tres meses, durante los cuales los migrantes deberán completar sus expedientes para regularizar su situación legal.
Pero detrás de las cifras y los plazos administrativos se esconden largas historias humanas de espera y trabajo en la sombra. Personas que han vivido durante años sin papeles, sin contratos y sin reconocimiento oficial, pese a haber sido una parte esencial del funcionamiento cotidiano de la economía española.
La iniciativa establece condiciones claras, entre ellas demostrar una residencia efectiva en España de al menos cinco meses antes de diciembre pasado, además de un certificado de empadronamiento y la ausencia de antecedentes penales que afecten al orden público. Requisitos que, según el Gobierno, buscan equilibrar las exigencias de la legalidad con una perspectiva humana.
De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el objetivo de esta medida es sacar a cientos de miles de personas del trabajo informal y cubrir el déficit creciente de mano de obra, especialmente teniendo en cuenta que España necesita alrededor de trescientos mil trabajadores extranjeros al año para mantener su ritmo de crecimiento económico.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de controversia. Partidos de la oposición han advertido de que podría fomentar la migración irregular y aumentar la presión sobre los servicios públicos, un discurso que refleja los temores habituales que acompañan cualquier política de apertura en materia migratoria.
Aun así, el enfoque español resulta especialmente llamativo cuando se compara con lo que ocurre al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, se intensifican las medidas restrictivas contra los migrantes, en particular los procedentes de América Latina, donde se llevan a cabo campañas de detención y deportación masiva, y miles de personas son recluidas en condiciones que organizaciones de derechos humanos califican de duras y discriminatorias.
La diferencia no reside únicamente en la política aplicada, sino en la filosofía que la sustenta. Mientras que la administración estadounidense tiende a ver al migrante como una amenaza para la seguridad o una carga económica, España –aunque también movida por intereses pragmáticos– parece considerarlo parte de la solución y no del problema. Es la diferencia entre una política de integración y otra de exclusión, entre un enfoque humano y realista y otro basado en la disuasión y una forma de discriminación encubierta bajo el amparo legal.
Entre la escasez de tiempo y la apuesta del Gobierno por el éxito del plan, los próximos meses serán decisivos. O bien esta iniciativa se convierte en un modelo europeo a seguir en la gestión de la migración desde una perspectiva realista y humana, o quedará como una medida temporal dentro de un expediente complejo, condicionado por los equilibrios políticos tanto como por las necesidades económicas.
Para muchos migrantes, sin embargo, esta iniciativa no se reduce a trámites administrativos ni a permisos temporales. Es, sencillamente, una oportunidad para salir de la sombra y vivir de manera legal por primera vez en muchos años.
Ramzi Albayrouti es un periodista palestino refugiado en León