En al mes de enero escribí sobre el problema de la vivienda. El asunto era, y es, complejo, y en una sola página me fue imposible expresar mi opinión, así que, excepcionalmente, me ocupó dos artículos seguidos. Más de una consideración se quedó en las notas previas (antes se diría que se quedó en el tintero).
Y a la vista está: suma y sigue.
Para empezar, desde que tengo uso de razón profesional, y eso es hace más de medio siglo, hay un déficit de viviendas nunca cubierto.
Desde esas mismas fechas, la calidad de la vivienda ha ido creciendo (no tanto por la demanda como por la legislación), de manera que si en aquellos primeros tiempos la diferencia entre la superficie útil (el espacio que usamos para nuestras cosas) y la construida (es decir, la total de la vivienda), era de un 25 %, ahora es de un 45 %. O sea, que hay que poner casi el doble de cerramientos, locales comunes, instalaciones y demás, lo que supone aumentar al doble lo que cuesta la construcción (más o menos).
Hoy, el propio costo de materiales, tales como ladrillo (que, por cierto, ya casi no hay quien nos lo coloque), hormigón, acero, baldosas, instalaciones de todo tipo, etc. y mano de obra, se ha multiplicado (y se sigue multiplicando) por ni se sabe cuánto.
Hoy, el Código Técnico marca unos niveles de calidad muy altos para responder a lo que queremos, es decir viviendas de calidad, sostenibles y energéticamente óptimas. Y eso hay que pagarlo.
Hoy, poner en uso suelo para construir es mucho más caro, porque, al igual que en las viviendas, las infraestructuras son más complejas, se las exige más calidad y las dimensiones de viales, aceras y espacios de equipamiento son bastante más exigentes que entonces.
Hoy ese mismo acto es complicado, tanto burocráticamente (la tramitación es larga), como por cumplimiento de normativa. Lo he escrito varias veces: el primer Plan General de León era un plano y un folio de texto por las dos caras. Hoy son cientos de páginas de lo uno y de lo otro, y todo esto conlleva un proceso administrativo largo y tortuoso. Por cierto, todo hay que comentarlo: no es ni de lejos León el peor sitio para esto de la burocracia.
Para completar el panorama, la oferta es muchísimo más baja que la demanda, por supuesto por el propio déficit, y la demanda sería menor si el mercado del alquiles mejorara su oferta, cosa imposible con una legislación intervencionista y protectora de la okupación que consigue lo contrario de lo que pretende, pues retrae a cientos de miles de propietarios individuales (que son la enorme mayoría de tenedores de viviendas y no los ‘grandes’ fondos), de poner sus casitas en el mercado.
¡Ah! Y hemos pasado de algo más de treinta millones de ciudadanos, a prácticamente cincuenta.
Todo lo anterior hace que el precio ande, no por las nubes, sino por la estratosfera.
Y como al perro flaco todo se le vuelven pulgas, ahora, además, no tenemos suministro eléctrico suficiente para las nuevas viviendas, especialmente para los nuevos suelos, que son los que más masa de viviendas pueden proporcionar.
El viernes pasado publicaba Juan Pablo García Valadés, compañero en esta página durante muchos años, un escrito titulado ‘El urbanismo leonés a oscuras’.
Y tiene razón, pero el problema es más profundo, porque, si bien es verdad que hay un déficit de servicio cercano, el que las compañías suministradoras te ponen a pie de obra, malamente éstas pueden resolverlo si a ellos no les llega suficiente potencia.
Digámoslo de una vez: para qué quiero poner un grifo si no tengo tubería. Y es que, al igual que las carreteras están hechas un asco, de los ferrocarriles qué vamos decir y los embalses sin mantener, la red general de suministro eléctrico, esa red que gestiona por el estado, está igualmente abandonada, como el resto de las infraestructuras.
Porque electricidad, ‘habela, ahyla’, que diría el castizo (salvando todo ese lío de lo sostenible y lo industrial de cuyas gestiones ya sufrimos el resultado), pero la red de transporte, esa de las grandes líneas que atraviesan toda España y que fueron pasadas a gestión pública en los años ochenta, en unos casos son insuficientes y en otros están mal planificadas. Y en esto último las compañías suministradoras también tienen su culpa, por su tradicional política de mangoneo de las normativas estatales redactadas ‘pro domo sua’.
En cualquier caso, padecen la misma enfermedad que el resto de las infraestructuras, y que se ha hecho patente en los últimos meses: en los años de mayor recaudación fiscal y en los que de Europa han llegados un porrón de miles de millones, esas infraestructuras han recibido poco tirando a nada, y aquellos polvos han traído estos barros.
Así que es cierto: esos polígonos y actuaciones que cita Juan Pablo (la Granja y el solar frente a Carrefour), no tienen suministro asegurado, y por lo que he oído, las 100 viviendas que la Junta está construyendo en la Palomera, y que se supone terminadas en otoño, tampoco lo tienen muy claro. Y no solamente ellos.
Así las cosas eléctricas, necesitamos viviendas, pero vana es nuestra fe, o, menos finamente, éramos pocos y parió la abuela.
PD: el pasado martes, hace tres días, el gobierno ha anunciado el enésimo Plan de Vivienda, con una inversión de 7.000 millones para los años 26 a 30. Bueno es que trate de solventar el problema, pero, visto el viacrucis aquí expuesto y que cualquier edificio ha de que pasar, mucho me temo que mal resultado va a tener. El dinero es necesario y estupendo, pero no es ese el problema. O, al menos, no es ese el único problema.
