Transparencia sin excusas y responsabilidades

La investigación abierta contra la diputada responsable de Juventud y Deportes y dos funcionarias de la Diputación de León por una presunta falsificación documental exige una respuesta institucional basada en la máxima transparencia. Corresponde ahora a la Justicia determinar las responsabilidades, por lo que resulta imprescindible respetar la presunción de inocencia y evitar condenas anticipadas. Pero esa necesaria prudencia no puede convertirse en silencio, evasivas ni falta de explicaciones. La institución provincial debe colaborar plenamente con las pesquisas y facilitar toda la documentación necesaria para esclarecer cómo se desarrolló el procedimiento cuestionado. Los ciudadanos tienen derecho a saber si las decisiones se adoptaron siguiendo criterios técnicos y objetivos o si pudieron influir intereses ajenos al correcto funcionamiento de la Administración. Sería muy grave que la Justicia confirmase una falsificación documental, pero lo sería todavía más si llegara a demostrarse que esas actuaciones respondieron a una venganza política. Utilizar recursos públicos o procedimientos administrativos para castigar a quien resulta incómodo supondría una intolerable desviación de poder. La Diputación debe proteger su credibilidad aclarando cuanto antes lo sucedido y asumiendo las responsabilidades que correspondan.