Subir una tasa nunca es una decisión popular, y mucho menos en un momento en el que las economías familiares soportan numerosos gastos. La normativa obliga a que la recaudación cubra íntegramente el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos, cifrado en 11,07 millones de euros, y el Consistorio debe cumplirla. La propuesta parece además razonable. El recibo medio se situará en 94,91 euros anuales, alrededor de seis más que anteriormente, con un incremento inferior al IPC acumulado. La nueva ordenanza introduce criterios como la superficie, el valor catastral, el número de residentes y la generación de residuos, evitando la tarifa plana que los tribunales consideraron injusta. También mantiene las exenciones para las familias con menos recursos e incorpora bonificaciones para familias numerosas, empresas que reduzcan residuos y recibos domiciliados. Igualmente, corrige situaciones poco equitativas, como equiparar locales activos e inactivos o exigir la misma aportación a viviendas ocupadas y cerradas. El Ayuntamiento debe explicar con transparencia cada cálculo, pero no puede reprochársele que afronte una obligación legal. Cuando subir resulta inevitable, la responsabilidad consiste en hacerlo con proporcionalidad y justicia. Conviene recordar, además, que las ordenanzas anteriores fueron anuladas por los tribunales, lo que obligaba al equipo de gobierno a elaborar una nueva regulación con mayores garantías jurídicas. No actuar habría supuesto prolongar la incertidumbre y comprometer la financiación de un servicio básico para la ciudad.
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