Regularizar para poder ordenar

La regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular no crea una realidad nueva: la reconoce. España, y también León, conviven desde hace años con miles de personas que trabajan, consumen y sostienen sectores enteros de la economía sin derechos plenos ni seguridad jurídica. Mantener esa anomalía no solo es injusto, sino ineficaz. En León, el impacto será limitado en términos demográficos, pero relevante en términos sociales y económicos. Entre 500 y 900 personas podrán salir de la invisibilidad administrativa, acceder a derechos básicos y contribuir de forma regular al sistema. Es una cifra asumible para una provincia envejecida, necesitada de población activa y de estabilidad laboral en sectores donde la mano de obra escasea. El debate político ha vuelto a centrarse en el temor al llamado efecto llamada, un argumento recurrente que no ha encontrado respaldo empírico en regularizaciones anteriores. Frente a ese miedo abstracto, la medida aporta orden, control y fiscalidad, además de reducir la economía sumergida. Regularizar no es abrir fronteras sin criterio. Es asumir que gestionar mejor la realidad existente fortalece el Estado de derecho, mejora la cohesión social y aporta beneficios tangibles al conjunto de la sociedad.