La Junta de Castilla y León ha anunciado 36 nuevas rebajas tributarias para 2027, con un ahorro estimado de 920 millones de euros. Algunas medidas pueden resultar positivas, las dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a las familias o incentivar la actividad en el medio rural. Pero toda reducción de ingresos exige explicar cómo se sostendrán los servicios esenciales. Bajar impuestos siempre es popular. Mucho más difícil es garantizar médicos, profesores, atención a la dependencia, transporte público o servicios dignos en todo el territorio. Por eso resulta peligroso presentar las rebajas fiscales como un fin en sí mismo sin detallar su impacto presupuestario ni asegurar que no implicarán recortes futuros. Castilla y León, y particularmente provincias como León, no puede renunciar a un solo servicio público. En demasiadas zonas, especialmente rurales pero no tan solo porque ya se nota también en nuestras pequeñas ciudades, la sanidad, la educación o el transporte funcionan ya bajo mínimos. El verdadero ahorro no puede consistir en trasladar el coste a quienes esperan una consulta, recorren kilómetros para estudiar o carecen de alternativas para desplazarse. Menos impuestos sí, pero nunca a cambio de menos derechos.
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