Que uno de cada tres extranjeros que residen en la provincia de León haya logrado su permiso de residencia en 2024 no es una anécdota estadística ni un fenómeno coyuntural. Es la constatación de un cambio profundo en un territorio marcado por el envejecimiento, la pérdida de población y la falta de mano de obra en sectores esenciales. Las 4.788 autorizaciones concedidas el pasado año, un 42% más que en 2023 y más del doble que en 2021, dibujan una tendencia clara que responde más a la necesidad estructural que a la casualidad.
El protagonismo del arraigo como principal vía de regularización confirma una evidencia que durante años se ha preferido ignorar: muchas de estas personas ya estaban aquí, trabajando, formándose, cuidando o sacando adelante actividades imprescindibles para la economía local. Regularizar no es abrir la puerta sin control, sino poner orden, derechos y obligaciones a una realidad existente. Es también una herramienta para combatir la economía sumergida y garantizar la cohesión social.
León supera ya los 12.600 extranjeros con autorización de residencia en vigor. No se trata de una amenaza ni de un problema añadido, sino de una oportunidad para frenar el declive demográfico y sostener servicios que, sin nuevas incorporaciones, serían inviables. La inmigración, bien gestionada e integrada, es hoy parte de la solución.