Hay problemas que no tienen fotografía y por eso no existen. El agua del grifo de catorce municipios de la provincia de León lleva años superando los niveles de nitratos que los expertos consideran peligrosos para la salud. 1.627 personas beben a diario un agua que los organismos internacionales consideran un riesgo. La mayoría ni siquiera lo sabe.
El origen no es un misterio: el exceso de fertilizantes y purines ganaderos contamina acuíferos y ríos de forma silenciosa y acumulativa. En San Cristóbal de la Polantera, el último análisis alcanzó los 50 mg/l, el límite a partir del cual el agua no es apta para el consumo. No es una anomalía puntual: desde 2016, cuatro análisis han superado ese umbral. En Villagarcía de la Vega se llegó a los 87 mg/l en 2018. En Navianos de la Vega y La Antigua, los datos de 2024 marcan 48 mg/l.
La pregunta que debería hacerse la administración no es cuántos pueblos están en «punto crítico», sino cuánto tiempo llevan estándolo y qué se ha hecho. Que en 2026 el grifo de San Cristóbal siga incumpliendo la ley no es un problema técnico sin resolver. Es una decisión política de no resolverlo. La inversión en depuradoras de la Junta debe ser su final.