En León, tres de cada diez euros que ingresan los hogares proceden de las pensiones. Solo Orense presenta una dependencia ligeramente superior, mientras que en 63 municipios leoneses estas prestaciones constituyen ya la principal fuente de renta. No son únicamente cifras que retratan el envejecimiento de la población, sino la demostración de que las pensiones sostienen buena parte de la economía provincial, especialmente en el medio rural y las antiguas cuencas mineras. Por eso resulta imprescindible que los partidos políticos no traten este asunto con frivolidad. Las pensiones no pueden convertirse en una moneda electoral ni en el escenario de una competición de promesas difíciles de cumplir. Cualquier reforma debe garantizar tanto el poder adquisitivo de quienes han cotizado durante décadas como la sostenibilidad de un sistema que tendrán que mantener las generaciones futuras. En una provincia con menos trabajadores, escaso relevo demográfico y demasiados territorios sin otra actividad económica relevante, cualquier decisión precipitada tendría consecuencias especialmente graves. León necesita empleos, jóvenes y crecimiento, pero mientras todo eso llega, las pensiones siguen siendo su principal red de seguridad. Jugar con ellas sería jugar con el presente y el futuro de miles de familias. El compromiso exigible no consiste en prometer más que el adversario, sino en explicar cómo se financiará cada medida. La responsabilidad también se demuestra diciendo la verdad, incluso cuando resulta menos rentable electoralmente.
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