El Gobierno ha decidido endurecer las exigencias a los ayuntamientos para que las zonas de bajas emisiones dejen de ser una declaración de intenciones y se conviertan en una realidad. La nueva normativa obliga a establecer restricciones efectivas al tráfico y aplicar sanciones a quienes las incumplan, poniendo fin a las moratorias que han permitido aplazar decisiones durante años. La medida tiene sentido. No sirve de nada anunciar políticas medioambientales, aprobar ordenanzas y realizar inversiones si después falta voluntad para llevarlas a la práctica. León debe coger el toro por los cuernos y afrontar de una vez una transformación de la movilidad que no puede quedarse permanentemente a medio camino. Es evidente que algunas restricciones resultarán impopulares y que deben aplicarse con proporcionalidad, información suficiente y alternativas para los ciudadanos. Pero gobernar también consiste en adoptar decisiones incómodas cuando persiguen mejorar la calidad de vida colectiva. La proximidad de las elecciones municipales no puede convertirse en una excusa para seguir aplazándolas. La salud pública y el futuro de nuestras ciudades deben estar por encima del cálculo electoral.
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